La relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo foco de tensión. El gobierno estadounidense advirtió que podría imponer aranceles adicionales de hasta 10 por ciento a productos provenientes de México, al considerar que el país no aplica de manera efectiva las medidas para impedir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.
La advertencia forma parte de una investigación comercial impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que analiza las políticas de alrededor de 60 economías, entre ellas México, Canadá, la Unión Europea, Indonesia y Pakistán. El objetivo es determinar si existen prácticas que favorezcan el ingreso de bienes vinculados con trabajo forzoso y que generen una competencia desleal para las empresas estadounidenses.
De acuerdo con la evaluación preliminar de Washington, México cuenta con una prohibición legal para este tipo de mercancías, pero su aplicación y vigilancia serían insuficientes. Bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, Estados Unidos puede imponer represalias comerciales cuando considera que otro país mantiene prácticas que afectan a su economía o restringen el comercio estadounidense.
La amenaza llega en un contexto de crecientes presiones comerciales de la administración estadounidense hacia sus principales socios. En marzo pasado, la USTR ya había anunciado investigaciones contra México relacionadas con trabajo forzoso y exceso de capacidad de producción, procesos que podrían derivar en nuevas barreras comerciales.
El posible arancel se suma a las disputas recientes por acero, aluminio, reglas de origen y otros sectores estratégicos, elevando la incertidumbre para exportadores mexicanos que dependen del mercado estadounidense. Analistas consideran que la medida podría convertirse en una nueva herramienta de presión en vísperas de la revisión del T-MEC y de futuras negociaciones bilaterales.
Por su parte, el gobierno mexicano sostiene que desde 2023 opera un mecanismo para investigar y restringir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso, además de reforzar las disposiciones previstas en el capítulo laboral del T-MEC. No obstante, Washington considera que las acciones implementadas aún no son suficientes para garantizar el cumplimiento efectivo de la prohibición.
La decisión final dependerá de los resultados de la investigación estadounidense, pero el mensaje ya fue enviado: el combate al trabajo forzoso se perfila como un nuevo frente de presión comercial entre ambos países.
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