La diputada Noemí Berenice Luna Ayala presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el propósito de que las investigaciones por presunta negligencia médica se realicen con criterios técnicos y tomando en cuenta las condiciones reales en las que opera el personal de salud.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, plantea adicionar los artículos 10 Ter y 83 Bis para establecer que la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades competentes, impulse la capacitación permanente de agentes del Ministerio Público y personal judicial en Derecho Sanitario, Bioética y Gestión de Riesgos Institucionales.
El objetivo es que la valoración de la responsabilidad profesional se realice “bajo criterios técnicos y de realidad operativa”, evitando que médicos y personal sanitario sean responsabilizados por fallas estructurales ajenas a su desempeño.
La iniciativa establece que, al determinar una posible responsabilidad penal o profesional, se considere como elemento de prueba la insuficiencia comprobable de recursos humanos o materiales en la unidad médica donde ocurrió el hecho, siempre que el profesional haya actuado con los medios disponibles a su alcance.
En la exposición de motivos, la legisladora advierte que la creciente criminalización del acto médico ha provocado el fenómeno conocido como “medicina defensiva”, en el que los profesionales de la salud priorizan la protección legal sobre la atención clínica.
Según el documento, esta práctica ha derivado en la solicitud excesiva de estudios, la evasión de procedimientos de alto riesgo y una mayor saturación de los servicios médicos.
“La criminalización del acto médico ha fomentado el fenómeno de la medicina defensiva, donde el personal prioriza el blindaje legal del expediente sobre la eficiencia clínica”, señala la iniciativa.
Luna Ayala sostiene que una reforma orientada a proteger al personal sanitario frente a deficiencias institucionales no representa un privilegio corporativo, sino una medida necesaria para mejorar la eficiencia del sistema de salud.
“Una reforma que proteja al profesional ante fallas estructurales no es un privilegio gremial, sino una medida de eficiencia pública para garantizar una atención centrada en el paciente y no en el temor al Ministerio Público”, afirma.
La propuesta busca que jueces y fiscales estén obligados a valorar, mediante peritajes integrales, la disponibilidad real de insumos, equipo médico, personal y carga laboral antes de emitir resoluciones sobre posibles casos de negligencia.
De acuerdo con la legisladora, actualmente los procesos judiciales carecen de mecanismos claros para distinguir entre una negligencia técnica individual y un resultado adverso derivado de factores como desabasto de medicamentos, equipos defectuosos o saturación hospitalaria.
“Esta ausencia vulnera la seguridad jurídica de los profesionales y contraviene el principio de derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible, convirtiendo carencias institucionales en sentencias penales injustas”, expone.
La diputada panista subraya que la reforma plantea un cambio de fondo en la forma de impartir justicia en materia sanitaria.
“La importancia de esta iniciativa radica en la transición de un modelo de justicia punitivo hacia uno de ‘justicia de contexto’, que reconoce la brecha crítica entre los estándares teóricos de la medicina y la realidad material de las instituciones públicas”, destaca.
Añade que el propósito final es devolver certeza jurídica al personal médico para que sus decisiones clínicas respondan al bienestar de los pacientes y no al riesgo de enfrentar procesos penales por deficiencias que corresponden al Estado.
Con esta reforma, el PAN busca que las investigaciones por presunta negligencia médica incorporen el análisis de las condiciones reales de operación de hospitales y clínicas, trasladando el debate de la responsabilidad individual a un esquema de responsabilidad compartida entre profesionales e instituciones.
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