En medio de las demandas de comunidades indígenas, pescadores y organizaciones sociales por la protección de la Laguna-Bahía de Ohuira, el Gobierno de México acordó una ruta de trabajo interinstitucional que incluye una nueva inspección ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la continuidad de las mesas de diálogo y la revisión de los planteamientos relacionados con el desarrollo de la región de Topolobampo.
El acuerdo fue alcanzado durante una reunión de trabajo en la que participaron representantes de dependencias federales, autoridades estatales y municipales, así como integrantes de las comunidades que han manifestado preocupaciones por los impactos ambientales, sociales y productivos en una de las zonas costeras más importantes de Sinaloa.
Al encuentro asistieron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Profepa, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación y representantes del Gobierno estatal.
Durante el diálogo, las comunidades expusieron inquietudes relacionadas con la conservación de ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua y saneamiento, la protección de áreas de valor ambiental, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), así como los mecanismos de consulta y participación en proyectos de desarrollo.
Como resultado de las conversaciones, las autoridades establecieron cuatro acuerdos fundamentales para dar seguimiento a las demandas presentadas.
El primero consiste en mantener abiertas las mesas de diálogo para revisar información técnica, estudios, observaciones y propuestas elaboradas por especialistas y representantes comunitarios.
El segundo contempla que Profepa realice una inspección actualizada para verificar el estado de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación ambiental.
El tercer acuerdo establece que el Gobierno de México buscará un acercamiento con la empresa responsable del proyecto involucrado para sostener un diálogo directo sobre las preocupaciones expresadas por las comunidades.
Finalmente, las autoridades se comprometieron a garantizar el respeto al derecho de manifestación y expresión de los habitantes de la región.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, dejó claro que las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental no eximen a los responsables de cumplir con las condiciones impuestas.
“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, afirmó.
Por su parte, representantes de Conagua reconocieron que la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una atención integral que involucre a todas las instancias competentes.
“Hoy nos vamos con tareas concretas y con el compromiso de seguir trabajando junto con las comunidades para atender sus preocupaciones”, señalaron durante la reunión.
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que el diálogo seguirá siendo la principal herramienta para construir acuerdos entre autoridades y habitantes de la región.
“Solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades”, expresó.
A su vez, la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, afirmó que se impulsarán alternativas de crecimiento económico compatibles con las características sociales y productivas de la zona.
Las dependencias federales insistieron en que cualquier resolución sobre los temas planteados deberá sustentarse en criterios técnicos y legales, además de respetar el marco jurídico vigente.
Con la nueva ruta de trabajo, el Gobierno federal busca mantener abiertos los canales de comunicación con las comunidades de Ohuira y avanzar en la atención de demandas vinculadas con el medio ambiente, la pesca, el territorio y el desarrollo regional, en una zona que se ha convertido en uno de los principales focos de debate sobre desarrollo industrial y conservación ambiental en el noroeste del país.
Foto: Zona Docs
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