El Gobierno federal puso en marcha la consulta pública de los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, derivados de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación que ha sido calificada por sus críticos como la «Ley Censura», al considerar que amplía las facultades regulatorias del Estado sobre los medios de comunicación.
La propuesta, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), obligará a concesionarios de radio y televisión a distinguir de manera expresa entre noticias, opiniones y publicidad, adoptar códigos de ética, crear defensorías de las audiencias y atender procedimientos de queja que, en casos de incumplimiento, podrían concluir con multas y sanciones.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la consulta permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto, con el objetivo de recibir observaciones de concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanía.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, sostuvo que el proceso busca fortalecer un derecho constitucional.
«La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a las telecomunicaciones como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos.»
Añadió que los nuevos lineamientos derivan de la reforma que sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
«Uno de los grandes cambios es el derecho de las audiencias, que es una petición de hace muchísimos años de la sociedad, porque el derecho a la información es un derecho constitucional del pueblo de México.»
Gobierno defiende regulación; oposición advierte riesgos
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los lineamientos recuperan derechos de las audiencias que, afirmó, fueron eliminados por una reforma aprobada en 2017 y posteriormente invalidada por la Suprema Corte.
«Es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emitió y trabajó estos lineamientos que hoy están a consulta pública. Son 20 días de consulta… con el objetivo de enriquecerlos, conocer propuestas y que todas y todos puedan participar.»
Entre las nuevas obligaciones figura evitar la difusión de información falsa o descontextualizada, así como separar claramente los contenidos informativos de las opiniones.
«La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.»
Asimismo, señaló:
«No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata.»
Además, la propuesta establece que la publicidad deberá identificarse claramente para evitar que se confunda con contenido editorial y fortalece el derecho de réplica.
Defensorías obligatorias y posibilidad de sanciones
Los lineamientos obligarán a todas las estaciones de radio y televisión a contar con un código de ética y designar una persona defensora de las audiencias para recibir y resolver inconformidades.
«Ese código de ética debe incluir una mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para la designación de las personas defensoras de las audiencias.»
En caso de que un medio no atienda las recomendaciones emitidas por la defensoría, el expediente podrá ser turnado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
«Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, puede llegar a haber multas y sanciones.»
La consulta pública concluirá el 21 de agosto, tras lo cual la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones analizará las observaciones antes de emitir la versión definitiva de los lineamientos.
Nota editorial: El término «Ley Censura» ha sido utilizado por partidos de oposición, organizaciones civiles y algunos analistas para referirse a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Gobierno federal rechaza esa denominación y sostiene que la reforma busca fortalecer los derechos de las audiencias y el derecho a la información.
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