El Congreso de Nuevo León dio un paso decisivo hacia un eventual juicio político contra el gobernador Samuel García, luego de que la Comisión Anticorrupción aprobara el inicio formal del procedimiento por presuntas irregularidades relacionadas con la triangulación de recursos públicos. La resolución coloca al mandatario estatal frente a uno de los desafíos políticos y jurídicos más relevantes de su administración.
La comisión avaló el acuerdo con seis votos a favor y uno en contra, respaldado por legisladores del PRI, PAN y Morena, mientras que Movimiento Ciudadano se mantuvo como la única fuerza en oposición al procedimiento. La denuncia fue promovida por Morena y se sustenta en señalamientos sobre presuntos desvíos y triangulación de recursos públicos mediante empresas vinculadas al entorno familiar del gobernador.
Tras la aprobación en comisión, Samuel García deberá responder a los señalamientos en un plazo de 15 días hábiles y fue emplazado para comparecer el próximo 23 de junio, ya sea de manera presencial, por escrito o mediante representación legal.
El siguiente paso será la discusión y votación del dictamen en el pleno del Congreso local. Para que el procedimiento avance se requiere una mayoría calificada de 28 votos de los 42 diputados que integran la Legislatura. De acuerdo con la actual composición parlamentaria, las bancadas del PRI, PAN y Morena alcanzan en conjunto esa cifra, por lo que la oposición tendría los números suficientes para aprobar el dictamen.
No obstante, aun cuando el Congreso avale el juicio político, la Legislatura no tiene facultades para destituir directamente al gobernador. Conforme al marco constitucional de Nuevo León, el Congreso actúa como órgano instructor y acusador, mientras que la resolución definitiva corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, instancia que determinará si existen elementos para imponer sanciones que podrían incluir la destitución o la inhabilitación del funcionario.
La apertura de este procedimiento ocurre en medio de la prolongada confrontación política entre el gobierno estatal encabezado por Samuel García y las fuerzas opositoras que dominan el Congreso local, una disputa que ha marcado la vida institucional de Nuevo León durante los últimos años.
Desde Movimiento Ciudadano, aliados del mandatario han rechazado las acusaciones y sostienen que el proceso responde a intereses políticos. Sin embargo, la decisión adoptada por la Comisión Anticorrupción coloca el expediente en ruta hacia una votación que podría escalar el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo estatal a un nuevo nivel.
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