Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera volvió a recurrir a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, con el envío de dos nuevas cartas manuscritas en las que solicita su liberación, cuestiona la legalidad de su condena y exige poder comunicarse con su defensa legal desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
El exlíder del Cártel de Sinaloa, condenado en 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico, sostiene en las misivas que existen irregularidades en el proceso judicial que derivó en su sentencia y reclama acceso a documentos que, según argumenta, respaldarían sus peticiones ante la justicia estadounidense.
Las cartas fueron dirigidas al juez federal Brian Cogan, el mismo que encabezó el histórico juicio contra Guzmán en Brooklyn. En ellas, el narcotraficante busca que el tribunal atienda sus argumentos sobre presuntas fallas legales en su caso y revise las condiciones en las que permanece recluido bajo el régimen de Medidas Administrativas Especiales (SAMs), reservado para presos considerados de alta peligrosidad.
Desde ADX Florence, conocida como la prisión más segura de Estados Unidos, Guzmán ha denunciado en repetidas ocasiones que las restricciones le impiden mantener comunicación adecuada con familiares y abogados, además de limitar prácticamente cualquier contacto humano. Las autoridades federales sostienen que dichas medidas son necesarias debido al riesgo que representa el exjefe criminal.
Las nuevas cartas se suman a una serie de escritos enviados por Guzmán durante los últimos meses. En varias de ellas ha solicitado ser trasladado a México, obtener una revisión de su sentencia o incluso lograr su liberación bajo distintos argumentos jurídicos. Sin embargo, el juez Cogan ha rechazado reiteradamente esos planteamientos por considerar que carecen de sustento legal.
La ofensiva epistolar del narcotraficante ocurre en medio de un endurecimiento de las restricciones carcelarias. Informes recientes revelaron que Guzmán habría utilizado visitas legales para enviar mensajes a integrantes de su familia vinculados al Cártel de Sinaloa, situación que reforzó la vigilancia sobre sus comunicaciones.
Pese a sus reclamos, especialistas consideran remotas las posibilidades de que prospere una petición de liberación o de traslado a México, debido a la sentencia de cadena perpetua que cumple en Estados Unidos y a los antecedentes judiciales que pesan en su contra.
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