Después de casi tres semanas de movilizaciones, bloqueos y presión política sobre el gobierno federal, la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició el retiro de su plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso sobre la mesa una bolsa extraordinaria de recursos para la contratación de maestros. Sin embargo, dirigentes del movimiento rechazaron que la medida represente el fin de la protesta o una aceptación de las condiciones planteadas por el gobierno.
De acuerdo con versiones difundidas por la dirigencia magisterial, los recursos ofrecidos por la SEP estarían destinados a fortalecer la contratación de personal docente en Oaxaca. No obstante, representantes de la Sección 22 insistieron en que la propuesta “no es para levantar el plantón”, sino una respuesta parcial a una de las múltiples demandas del movimiento, cuyo eje central sigue siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una reforma profunda al sistema de pensiones.
La decisión de desmontar el campamento ocurre en un contexto de desgaste interno y disminución de la capacidad de movilización. Miles de docentes oaxaqueños votaron en asambleas por replegarse y reorganizar la estrategia, aunque la CNTE sostiene que la lucha continuará desde los estados y mediante nuevas acciones nacionales.
Un repliegue obligado, no una victoria
Aunque el discurso oficial busca presentar la retirada como una muestra de apertura al diálogo, la realidad exhibe un escenario más complejo. Durante semanas, el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó las principales exigencias de la CNTE al argumentar limitaciones presupuestales y optó por canalizar las negociaciones a nivel estatal, una estrategia que el magisterio calificó como un intento de fragmentar al movimiento.
La oferta de recursos para contratación docente parece responder más a la necesidad de reducir la presión política en la capital que a una solución estructural de las demandas históricas del magisterio disidente. Ninguna de las exigencias centrales —pensiones solidarias, eliminación de la UMA en jubilaciones o derogación de la reforma del ISSSTE— ha sido atendida de fondo.
El costo político del conflicto
La movilización de la CNTE se convirtió en uno de los principales desafíos para el gobierno federal durante las semanas previas y posteriores al arranque del Mundial de Futbol 2026. Bloqueos, marchas y acciones de protesta pusieron a prueba la capacidad de interlocución de la administración federal y evidenciaron que, pese a los cambios de gobierno, el conflicto magisterial sigue sin resolverse.
El retiro del plantón podría aliviar temporalmente la presión en el Zócalo capitalino, pero difícilmente cerrará el conflicto. La propia Sección 22 ha dejado claro que considera insuficientes las respuestas oficiales y que las movilizaciones podrán reactivarse si no existen avances sustanciales en las demandas de fondo.
Para el gobierno, el repliegue representa una tregua. Para la CNTE, apenas una pausa táctica en una disputa que, casi dos décadas después de la reforma al ISSSTE, continúa sin solución definitiva.
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