El Gobierno de México inició este lunes la consulta nacional para construir la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una legislación que busca reglamentar la reforma al artículo 2 constitucional y reconocer plenamente a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El proceso de consulta abarcará 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades del país. Con las propuestas que surjan de este ejercicio, el Ejecutivo federal prevé presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que este lunes se firmó la convocatoria que da inicio formal al proceso de consulta.
«El objetivo del proceso de esta consulta es recibir opiniones, sugerencias, planteamientos sobre la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de los titulares de esta ley», señaló.
Explicó que el proyecto fue elaborado durante varios meses por distintas dependencias federales, pero subrayó que será la opinión de las comunidades la que permitirá fortalecer el contenido definitivo de la iniciativa.
«Esta ley fue construida por muchas dependencias, llevó muchos meses de trabajo; llegó el momento de consultar a sus titulares», expresó.
La consulta será organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con la participación de un comité conformado por 21 dependencias y bajo la observación de organismos nacionales e internacionales.
Cinco etapas hasta octubre
El proceso contempla cinco fases. La primera comenzó este lunes con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
La etapa informativa se desarrollará del 1 de julio al 6 de agosto; posteriormente, entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre, las comunidades deliberarán la propuesta conforme a sus propios sistemas normativos y mecanismos tradicionales de decisión.
«Cada comunidad va a deliberar conforme a su propio sistema normativo interno, respetando sus formas tradicionales de organización y de toma de decisiones», destacó Alcalde.
Durante esa fase se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo especializadas en distintas entidades del país.
Las conclusiones serán analizadas entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre para incorporarlas al proyecto definitivo.
«Las propuestas, recomendaciones y conclusiones recogidas en las asambleas regionales y mesas de trabajo se van a analizar y se van a incorporar al proyecto de iniciativa», puntualizó.
La ley reconoce autonomía y derechos colectivos
Al presentar el contenido de la iniciativa, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, afirmó que la legislación representa un cambio de fondo en la relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicanos.
«Esta ley tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional», afirmó.
La propuesta beneficiará a 25.8 millones de personas, equivalentes al 20.5 por ciento de la población mexicana, distribuidas en 70 pueblos y 16 mil 728 comunidades.
El proyecto está integrado por ocho libros y desarrolla aspectos como la libre determinación, la autonomía, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, la protección del pueblo afromexicano, acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, mecanismos de coordinación entre autoridades y un régimen de responsabilidades.
También contempla un nuevo esquema para fortalecer la asignación directa de recursos públicos a las comunidades y la creación del juicio de amparo indígena y afromexicano, orientado a proteger derechos colectivos.
«La idea es que ahora sí tengamos un marco legal para garantizar el derecho a la consulta a nuestros pueblos y a nuestras comunidades», sostuvo Regino Montes.
Sobre el nuevo mecanismo judicial agregó:
«La idea es que el juicio de amparo garantice los derechos colectivos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades.»
El titular del INPI informó que la iniciativa fue elaborada después de 148 reuniones con 35 dependencias federales, además de consultas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialistas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Al concluir, calificó el proyecto como un hecho histórico para el país.
«Son 200 años de existencia del Estado mexicano; nunca habíamos tenido una ley indígena. Ahora tendremos una ley en la materia y con ello nuestros pueblos y nuestras comunidades aportan su grano de maíz en este proceso de construcción de la vida pública nacional.»
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