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Cae exvocero de ‘Alito’; indagan desvío de 36 mdp vía factureras

Detienen a Carlos Medina por presunto peculado durante gestión de ‘Alito’

Carlos Alberto Medina Hernández, quien estuvo al frente de la comunicación social del Gobierno de Campeche durante la Administración de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, fue detenido por su presunta participación en una operación que habría permitido desviar 36 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas factureras.

Agentes de la Policía Ministerial de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión la noche del martes 11 de agosto en San Francisco de Campeche.

Tras su captura, Medina Hernández fue trasladado al Centro de Reinserción Social San Francisco Kobén, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El exfuncionario es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche por su probable responsabilidad en el delito de peculado, dentro de un expediente que rastrea recursos públicos entregados durante las administraciones anteriores.

Rastrean 36 mdp en operación con factureras

La investigación ministerial se concentra en un esquema mediante el cual 36 millones de pesos habrían salido de las arcas estatales utilizando empresas señaladas como factureras.

Las autoridades buscan determinar si esas compañías simularon operaciones o servicios para justificar pagos gubernamentales y posteriormente triangular los recursos.

Parte de la indagatoria conduce a Mayavisión, empresa televisiva que recibió recursos públicos y cuyas operaciones forman parte de las pesquisas.

Las investigaciones abarcan pagos por alrededor de 97 millones de pesos a Mayavisión, aunque el monto relacionado directamente con la imputación contra Medina Hernández sería de aproximadamente 36 millones.

Revisan servicios pagados con dinero público

Uno de los puntos centrales para los investigadores es determinar si los servicios contratados y pagados por el Gobierno estatal fueron efectivamente realizados o si las facturas sirvieron para justificar la salida del dinero.

La Fiscalía Anticorrupción deberá acreditar ante el juez tanto la ruta de los recursos como la intervención que habría tenido Medina Hernández en las operaciones investigadas.

Medina llegó a Comunicación Social con ‘Alito’

Medina Hernández asumió la titularidad de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche en junio de 2019, cuando Alejandro Moreno todavía encabezaba el Ejecutivo estatal.

Moreno Cárdenas dejó la gubernatura ese mismo mes para buscar la presidencia nacional del PRI, cargo desde el cual posteriormente consolidó su control sobre la dirigencia partidista.

Medina continuó al frente del área de Comunicación Social durante la Administración interina de Carlos Miguel Aysa González, quien sustituyó a Moreno en el Gobierno estatal.

Documentación oficial del propio Gobierno campechano acredita su paso por esa dependencia.

Investigación alcanza a otro personaje

El caso no se limita al exresponsable de Comunicación Social.

Dentro de las investigaciones también fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, contador señalado por haber prestado servicios profesionales a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI.

Espinosa fue detenido previamente en la Ciudad de México y posteriormente trasladado a Campeche para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Cerco judicial sobre operaciones de la anterior Administración

La captura de Medina Hernández coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo de recursos públicos durante el periodo en que Alejandro Moreno gobernó Campeche.

La Fiscalía busca reconstruir el recorrido del dinero desde las dependencias gubernamentales hasta las empresas beneficiadas y establecer si existieron operaciones simuladas para extraer recursos del erario.

La detención, sin embargo, no supone culpabilidad. Medina Hernández deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente y será un juez quien determine si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para vincularlo a proceso.

El expediente podría además revelar si el presunto desvío de 36 millones de pesos fue una operación aislada o formó parte de una estructura más amplia de contratación y triangulación de recursos públicos.

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