Pese a las denuncias penales y la difusión de grabaciones en las que Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aparece revisando presuntos repartos millonarios con un contratista del organismo, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no cuenta con información de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la apertura de una carpeta de investigación.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que consultó el asunto con la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, pero no obtuvo una confirmación sobre las indagatorias relacionadas con las presuntas irregularidades en las contrataciones del INE.
“Y hoy le pregunté y todavía no tenía información”, declaró Sheinbaum.
La Presidenta reconoció que existen varias denuncias y sostuvo que corresponde a la Fiscalía investigar para determinar si hay elementos suficientes y qué delitos podrían perseguirse. Su declaración no permite establecer de manera definitiva que no exista una carpeta abierta, sino que no se le había informado sobre ella.
La falta de información sobre el avance de las denuncias contrasta con la difusión de videos atribuidos a reuniones entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, en los que se discuten cifras relacionadas con contratos millonarios del instituto electoral.
Videos exhiben presunto reparto millonario en contratos del INE
El pasado 3 de noviembre, Latinus difundió una grabación fechada el 16 de febrero de 2026, en la que la entonces presidenta del INE aparece junto con Hernández Casillas revisando anotaciones y haciendo cálculos sobre cantidades vinculadas a contratos para la producción de la credencial para votar y otros servicios tecnológicos.
En uno de los fragmentos, el empresario plantea a Taddei:
“Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar. ¿Estás de acuerdo?”.
El contrato referido en los reportes periodísticos fue adjudicado el 10 de diciembre de 2025, por un monto máximo de 71 millones de dólares.
En otro momento, Hernández Casillas habla de una base de 48 millones de dólares, después de descontar costos de producción, y menciona una distribución de 70% para un tercero identificado como Ramón y 30% para su grupo.
Los materiales difundidos plantean indicios de posibles pagos indebidos y conflictos de interés que requieren investigación. Sin embargo, las grabaciones, por sí solas, no constituyen una sentencia ni acreditan judicialmente la entrega de sobornos.
La lista de los millones y las iniciales “GPE”
Las grabaciones difundidas por Latinus exhiben anotaciones utilizadas para calcular presuntas ganancias y porcentajes en negocios vinculados con el INE.
Entre los materiales descritos en las revelaciones aparece una lista en la que presuntamente figura la abreviatura “GPE”, que podría corresponder al nombre Guadalupe. No obstante, no se ha acreditado públicamente que esas iniciales identifiquen de manera inequívoca a Taddei ni que las cantidades anotadas hayan sido efectivamente entregadas.
Las revelaciones apuntan a posibles irregularidades que van más allá de un solo contrato y que involucran servicios tecnológicos, materiales electorales y empresas proveedoras del instituto.
INE presentó seis denuncias penales ante la FGR
El 6 de noviembre, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que se habían presentado seis denuncias penales ante la FGR contra servidores y exservidores públicos, así como empresas, por posibles conductas delictivas.
Los señalamientos incluyen cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones, utilización de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con fuentes legislativas citadas por distintos medios, entre las personas involucradas en los señalamientos figuran Taddei y Hernández Casillas.
Además, el propio INE presentó una denuncia para que la Fiscalía investigue posibles delitos relacionados con sus contrataciones, sin limitar las responsabilidades a una persona o administración específica.
UIF bloqueó cuentas vinculadas con Taddei y proveedores
La investigación también alcanzó al terreno financiero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su lista de personas bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales.
Entre los nombres identificados por fuentes consultadas por medios nacionales aparecen Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
La UIF también presentó una denuncia ante la FGR, mientras que la Auditoría Superior de la Federación amplió la revisión de contrataciones del sistema electoral.
El bloqueo de cuentas es una medida administrativa preventiva y no implica, por sí mismo, responsabilidad penal.
Sheinbaum deja en manos de Godoy el futuro de las denuncias
Pese a las revelaciones, las denuncias y las medidas financieras, Sheinbaum evitó anticipar responsabilidades y reiteró que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos para proceder penalmente.
La mandataria también ha sostenido que las posibles irregularidades en las contrataciones electorales deben revisarse en administraciones anteriores y no exclusivamente durante la gestión de Taddei.
El señalamiento presidencial abre una interrogante sobre el estado de las investigaciones: si la FGR ya recibió denuncias del INE, de su órgano de control y de la UIF, ¿cuántas carpetas se han iniciado y qué diligencias se han practicado?
Hasta las declaraciones de este martes, la Presidenta no había informado de una respuesta concreta sobre esas actuaciones ministeriales.
El punto pendiente es que la Fiscalía esclarezca el destino de los recursos, la autenticidad y alcance de las grabaciones, y la eventual responsabilidad de los funcionarios y empresarios señalados.
Información y foto tomada de Latinus.
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