La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño al erario superior a los 600 millones de pesos, derivado de 31 expedientes de investigación que involucran a 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que estos resultados corresponden a los primeros 100 días de su gestión y son producto de las nuevas facultades de investigación otorgadas al órgano fiscalizador por el Congreso de la Unión, las cuales permiten reducir significativamente los tiempos para integrar expedientes y presentar denuncias penales.
«Las 31 investigaciones son resultado de las modificaciones legales. Antes, iniciar un procedimiento de este tipo podía tomar entre dos y tres años; ahora podemos actuar con mayor rapidez», explicó durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.
Las denuncias ya fueron presentadas ante la FGR, instancia que determinará las responsabilidades penales correspondientes de los funcionarios presuntamente involucrados.
Nuevo modelo de auditoría
Durante su informe, Hernández Palacios anunció también la implementación de un nuevo modelo de «auditoría integral», con el que la ASF revisará por primera vez el 100 por ciento de los recursos ejercidos por las dependencias federales, dejando atrás el esquema de auditorías fragmentadas.
Para 2026, el programa de fiscalización contempla la realización de 2 mil 244 auditorías, de las cuales 209 corresponderán al ámbito federal. Además, serán revisados mil 733 entes públicos de los tres niveles de gobierno y mil 276 municipios y alcaldías.
Recuperación anticipada de recursos
El auditor destacó además que, como resultado de las auditorías practicadas a las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda, se verificaron 29 mil 736 transferencias de recursos y se revisó la distribución de más de 300 mil millones de pesos.
Como parte de estas acciones, la ASF logró recuperar recursos que no habían sido transferidos oportunamente a diversos municipios antes de concluir las auditorías, quedando pendiente de aclaración únicamente 1.4 millones de pesos correspondientes a una entidad federativa.
Con estas acciones, la ASF busca fortalecer el combate a la corrupción mediante una fiscalización más amplia, preventiva y oportuna, apoyada en las nuevas atribuciones legales que le permiten investigar directamente posibles irregularidades y presentar denuncias penales con mayor celeridad.
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