Estados Unidos asestó uno de los golpes financieros más severos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a dos personas y nueve empresas que, según sus investigaciones, integraban una red dedicada al contrabando de combustible y al lavado de recursos para fortalecer las operaciones de la organización criminal. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias de los implicados para impedir el movimiento de activos en territorio mexicano.
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que la estructura criminal convirtió el robo y el tráfico ilegal de hidrocarburos en una de las principales fuentes de financiamiento del CJNG, una actividad que dejó de ser un delito patrimonial para transformarse en un negocio transnacional capaz de generar millones de dólares destinados al narcotráfico, la compra de armamento y la expansión territorial del cártel.
Las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identifican un sofisticado esquema de «huachicol fiscal», mediante el cual petróleo y combustibles extraídos ilegalmente eran trasladados hacia Estados Unidos utilizando documentación falsa y empresas fachada para ocultar su origen. Una vez cruzada la frontera, el producto era comercializado como mercancía legal, permitiendo que las ganancias regresaran a las finanzas del grupo criminal.
El Departamento del Tesoro sostuvo que el contrabando de hidrocarburos se ha convertido en un negocio tan rentable para el CJNG como el tráfico de drogas sintéticas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante el robo de combustible, el contrabando de petróleo y el tráfico de fentanilo, consolidando una estructura financiera que opera a ambos lados de la frontera.
Como parte de las medidas, Estados Unidos congeló todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas bajo su jurisdicción y prohibió cualquier operación financiera con ellas. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de cuentas en México, con el objetivo de cortar el flujo de recursos que alimenta las actividades delictivas del cártel.
La ofensiva refleja un cambio en la estrategia bilateral contra el crimen organizado: además de perseguir a los líderes del narcotráfico, Washington y el Gobierno mexicano buscan golpear las estructuras empresariales y financieras que permiten al CJNG mantener una capacidad económica comparable a la de grandes corporaciones criminales.
El mensaje de ambos gobiernos es claro: la prioridad ya no es únicamente capturar a los jefes del narcotráfico, sino cerrar el flujo de dinero que sostiene sus operaciones. El huachicol, convertido durante años en una de las actividades ilícitas más lucrativas del crimen organizado, se encuentra ahora en el centro de la ofensiva financiera emprendida por México y Estados Unidos.
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