El diputado de Morena, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, propuso endurecer las penas por tráfico ilegal de vida silvestre, al plantear sanciones de hasta 12 años de prisión y multas de cinco mil días para quienes participen en este delito, especialmente cuando se trate de especies en peligro de extinción o redes de comercio ilícito.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, reforma el artículo 420 del Código Penal Federal para aumentar la pena vigente, que actualmente va de uno a nueve años de prisión, y fortalecer la respuesta del Estado frente a uno de los delitos ambientales con mayor rentabilidad para la delincuencia.
La propuesta establece que las sanciones pasarían de cuatro a doce años de cárcel y de mil a cinco mil días multa. Además, prevé incrementar hasta en una mitad las penas cuando el delito se cometa con fines comerciales, participe un grupo organizado o involucre especies amenazadas o en peligro de extinción.
También contempla un agravante cuando el volumen de ejemplares, productos o subproductos asegurados evidencie actividades de comercialización ilícita o una afectación relevante a la biodiversidad.
La iniciativa incorpora un nuevo párrafo para establecer criterios que deberán considerar los jueces al individualizar las sanciones. Entre ellos figuran el número de ejemplares involucrados, la categoría de riesgo de la especie, el daño ocasionado al ecosistema, la finalidad comercial de la conducta y las circunstancias específicas en que se cometió el delito.
Actualmente, el Código Penal Federal castiga la captura, transporte, acopio, comercialización o introducción ilegal al país de especies de flora y fauna protegidas, así como la explotación ilícita de tortugas, mamíferos marinos, abulón, camarón, pepino de mar, langosta y otras especies sujetas a veda o protección especial.
Sin embargo, Mier Bañuelos sostiene que la experiencia institucional demuestra que las penas actuales no generan un efecto disuasorio suficiente frente a organizaciones que obtienen elevadas ganancias mediante el tráfico de especies.
El legislador argumentó que fortalecer el marco penal permitirá incrementar la capacidad preventiva del Estado y enviar un mensaje de cero tolerancia al comercio ilegal de vida silvestre.
Añadió que la reforma busca dotar a las autoridades de herramientas jurídicas más eficaces para combatir una actividad que amenaza la biodiversidad, compromete el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia ambiental y pone en riesgo uno de los recursos estratégicos para el desarrollo sostenible del país.
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