El diputado del PAN, Armando Tejeda Cid, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Calidad del Aire y Salud Ambiental, con el objetivo de convertir el derecho a respirar aire limpio en una política pública obligatoria, medible y financiable en todo el país.
La propuesta, turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública, plantea establecer un sistema nacional de monitoreo, planeación, coordinación, financiamiento y evaluación para garantizar la calidad del aire y proteger la salud de la población.
El proyecto busca hacer efectivo el derecho humano a un medio ambiente sano previsto en el artículo 4º de la Constitución, mediante una estrategia nacional que involucre a la Federación, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
Monitoreo obligatorio y acceso a información en tiempo real
La iniciativa contempla que el monitoreo de contaminantes atmosféricos sea obligatorio en todo el territorio nacional y que la ciudadanía tenga acceso permanente a información en tiempo real sobre la calidad del aire.
Además, propone vincular la política ambiental con las estrategias de salud pública, movilidad sustentable y ordenamiento territorial, así como establecer metas progresivas para reducir contaminantes mediante indicadores verificables y evaluaciones periódicas, tomando como referencia estándares internacionales.
Prioriza la protección de grupos vulnerables
El proyecto también plantea reforzar la protección de niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y otros sectores vulnerables frente a los efectos de la contaminación atmosférica.
Asimismo, establece que el gasto público destinado a calidad del aire deberá sujetarse a un presupuesto basado en resultados, con indicadores de desempeño, trazabilidad de los recursos y evaluaciones externas.
«La contaminación mata»: PAN alerta sobre crisis de salud
Armando Tejeda sostuvo que la contaminación atmosférica «no es una molestia ecológica ni un indicador estadístico; es una causa directa de muerte y enfermedad«.
Recordó que la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2023, publicada en enero de 2024, estima que la contaminación del aire exterior provoca en México más de 36 mil muertes atribuibles a partículas PM2.5 y más de 2 mil 400 fallecimientos relacionados con ozono.
Además, citó datos del World Resources Institute México, según los cuales durante 2019 se registraron más de 48 mil muertes prematuras asociadas a la exposición al aire contaminado.
A ello se suma la estimación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), que calcula cerca de 20 mil 500 muertes anuales en el Valle de México relacionadas con infecciones respiratorias, bronquitis y otros padecimientos derivados de la mala calidad del aire.
Crearán Comisión Nacional para coordinar la política del aire
La propuesta contempla la creación de la Comisión Nacional de Calidad del Aire y Salud Ambiental, integrada por dependencias federales responsables de medio ambiente, salud, energía, infraestructura, comunicaciones, transportes, desarrollo urbano, economía, hacienda y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
El legislador afirmó que con este esquema la calidad del aire dejaría de ser responsabilidad exclusiva de una dependencia para convertirse en una política transversal que involucre salud, movilidad, planeación urbana, energía y desarrollo regional.
Fondo federal financiaría monitoreo e investigación
La iniciativa también plantea crear el Fondo Federal para la Calidad del Aire y Salud Ambiental, cuyos recursos serían aprobados por la Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El fondo financiaría la instalación y modernización de sistemas de monitoreo, la elaboración de programas para mejorar la calidad del aire, investigación científica aplicada, fortalecimiento institucional de autoridades ambientales y sanitarias, así como acciones para proteger a personas en situación de mayor vulnerabilidad.
La ley busca convertir el aire limpio en un derecho exigible
Tejeda Cid explicó que la nueva legislación no sustituye las leyes generales de Equilibrio Ecológico, Cambio Climático, Salud ni Movilidad, sino que las complementa para cerrar vacíos normativos.
Afirmó que la propuesta permitirá «obligar lo que hoy es voluntario, financiar lo que hoy depende de la buena voluntad de cada gobierno y medir lo que hoy permanece invisible», con el propósito de transformar el derecho a respirar aire limpio en una política pública permanente, evaluable y exigible para todas las autoridades.
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