La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, rechazó que la investigación y el proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obedezcan a una persecución política y sostuvo que las actuaciones de la Fiscalía General de la República se sustentan en una indagatoria por presuntos delitos relacionados con contrabando de combustibles y delincuencia organizada.
Durante la postura del Gobierno federal, la funcionaria aseguró que el caso debe analizarse exclusivamente desde el ámbito jurídico y no bajo una narrativa política impulsada por sectores de la oposición, quienes han denunciado un supuesto uso faccioso de la justicia.
Gobierno rechaza narrativa de persecución política
La Consejería Jurídica sostuvo que las investigaciones iniciadas por la FGR derivan de elementos de prueba obtenidos durante una investigación que se desarrolló por varios meses y que involucra una presunta red dedicada al denominado «huachicol fiscal».
Alcalde enfatizó que el Ejecutivo federal no interviene en las decisiones ministeriales ni judiciales y afirmó que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades conforme avance el proceso penal.
Oposición mantiene críticas por detención de Ruffo
El proceso contra Ruffo Appel ha generado una fuerte confrontación política. Dirigentes del PAN, así como exfuncionarios federales, han sostenido que el exmandatario es víctima de una persecución política debido a su papel histórico como el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI en una elección estatal.
En contraste, el Gobierno federal sostiene que las acusaciones están relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, y que el expediente fue integrado con base en evidencias recabadas por la Fiscalía.
Investigación continúa bajo proceso judicial
Actualmente, Ernesto Ruffo enfrenta un proceso judicial por presuntos vínculos con una red de contrabando de combustibles, mientras permanece sujeto a las medidas cautelares determinadas por un juez federal.
El caso ha escalado al debate político nacional, luego de que familiares del exgobernador y dirigentes opositores insistieran en denunciar una presunta persecución, versión que el Gobierno de México volvió a rechazar al reiterar que la investigación responde exclusivamente a hechos y pruebas, y no a motivaciones políticas.
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