Un juez federal modificó la medida cautelar impuesta al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y dejó sin efectos la prisión preventiva justificada en modalidad domiciliaria que cumplía por uno de los procesos penales derivados de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La resolución establece que el exfuncionario permanecerá bajo resguardo domiciliario, deberá portar un brazalete electrónico de localización, tendrá restricciones de movilidad y continuará sujeto a supervisión judicial mientras avanza el proceso penal en su contra.
El cambio fue autorizado luego de que la defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando el delicado estado de salud del exprocurador, quien en meses recientes sufrió complicaciones médicas que requirieron atención especializada.
La decisión aplica sólo para uno de los procesos
La modificación de la medida cautelar corresponde únicamente a uno de los expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa. Sin embargo, Murillo Karam continúa enfrentando otros procesos penales por presuntos delitos vinculados con la investigación de la desaparición de los normalistas, entre ellos desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
De acuerdo con la resolución judicial, el exprocurador deberá permanecer en su domicilio, portar el dispositivo electrónico de vigilancia y cumplir las restricciones impuestas por la autoridad para garantizar su comparecencia durante el juicio.
Resguardo domiciliario no equivale a prisión domiciliaria
Especialistas explican que el resguardo domiciliario constituye una medida cautelar distinta a la prisión domiciliaria, ya que no implica la ejecución de una prisión preventiva, sino restricciones judiciales para asegurar la presencia del imputado durante el proceso, mediante mecanismos como vigilancia electrónica, limitaciones para salir del domicilio y otras condiciones fijadas por el juez.
Un caso emblemático que sigue abierto
Jesús Murillo Karam fue detenido en agosto de 2022 tras ser señalado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en la construcción de la llamada «verdad histórica» sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
El cambio en las medidas cautelares no modifica el fondo del proceso penal ni representa una absolución. El exprocurador continuará enfrentando las acusaciones mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.
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