Ante el riesgo de que 250 mil niñas, niños y adolescentes sean reclutados por organizaciones criminales en México, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) presentó una iniciativa para obligar al Gobierno federal a establecer un protocolo nacional permanente para prevenir, detectar, investigar y erradicar ese fenómeno.
La propuesta reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), diseñe e implemente mecanismos integrales para combatir el reclutamiento e instrumentalización de menores por parte de la delincuencia organizada.
La iniciativa fue planteada bajo un enfoque de protección de derechos de la infancia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Plantean alertas tempranas, inteligencia y protección integral
El proyecto establece que los protocolos deberán incorporar sistemas de identificación y alerta temprana en entornos comunitarios, escolares y digitales para detectar riesgos de reclutamiento.
Asimismo, contempla protocolos homologados para autoridades de seguridad, procuración de justicia, educación, salud y asistencia social, así como medidas especializadas para proteger a las víctimas y restituir sus derechos.
También propone estrategias de inteligencia e investigación para desarticular redes criminales dedicadas al reclutamiento de menores, mecanismos de protección para testigos y víctimas, además de esquemas de coordinación entre la Federación, estados, municipios, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.
La Federación emitiría los lineamientos generales para la operación de estos mecanismos en todo el país.
Financiarían estrategia con bienes decomisados al crimen
La iniciativa plantea que los protocolos sean financiados prioritariamente con recursos provenientes de la extinción de dominio, decomisos o aseguramientos de bienes vinculados con la delincuencia organizada, conforme a la legislación vigente.
Además, establece la obligación para autoridades federales, estatales y municipales de prevenir, investigar y sancionar el reclutamiento forzado o la utilización directa o indirecta de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.
Alertan que 250 mil menores están en riesgo
En la exposición de motivos, Bolaños-Cacho advierte que el reclutamiento de menores constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos de la infancia y representa una forma de explotación y trata de personas.
Con base en cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y UNICEF, la iniciativa señala que al menos 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales.
El documento también refiere que, entre 2023 y 2024, el número de adolescentes privados de la libertad por delitos vinculados con la delincuencia organizada aumentó 20.6 por ciento, al pasar de 899 a mil 84 casos, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI.
Los estados con mayor riesgo son Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Guerrero, donde grupos criminales aprovechan condiciones como pobreza, deserción escolar y falta de oportunidades para captar menores.
Acusan vacío legal para enfrentar el fenómeno
El legislador sostiene que, aunque el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades a prevenir la participación de menores en actividades delictivas, actualmente no existe un protocolo federal específico para combatir las redes de reclutamiento ni programas nacionales de prevención.
Por ello, la iniciativa propone crear una estrategia permanente encabezada por la SSPC y la Sedena para enfrentar una problemática que, advierte, se ha convertido en uno de los principales mecanismos de fortalecimiento del crimen organizado en México.
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