En medio de la controversia que ha generado la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida por la oposición y diversas organizaciones como la «Ley Censura», el Gobierno federal abrió la consulta pública de los lineamientos que regularán los derechos de las audiencias y que impondrán nuevas obligaciones a las estaciones de radio y televisión, con la posibilidad de aplicar multas y sanciones en caso de incumplimiento.
Los lineamientos, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establecen que los concesionarios deberán distinguir de forma clara entre información noticiosa, opiniones y publicidad; contar con códigos de ética; designar personas defensoras de las audiencias y atender procedimientos de queja promovidos por los usuarios.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el proyecto permanecerá en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, con el objetivo de que empresas, especialistas y ciudadanos presenten observaciones antes de su entrada en vigor.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, afirmó que el proceso busca fortalecer el derecho constitucional a la información.
«La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a las telecomunicaciones como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos.»
Añadió que los lineamientos derivan de la nueva legislación en telecomunicaciones, aprobada el año pasado, que sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
«Uno de los grandes cambios es el derecho de las audiencias, que es una petición de hace muchísimos años de la sociedad, porque el derecho a la información es un derecho constitucional del pueblo de México.»
Nuevas obligaciones para radio y televisión
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta retoma derechos de las audiencias que, dijo, fueron eliminados de la legislación en 2017 y posteriormente restituidos por una resolución de la Suprema Corte.
«Es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emitió y trabajó estos lineamientos que hoy están a consulta pública. Son 20 días de consulta… con el objetivo de enriquecerlos, conocer propuestas y que todas y todos puedan participar.»
Entre las disposiciones destaca la obligación de evitar la difusión de información falsa o presentada fuera de contexto, así como identificar claramente cuándo un contenido corresponde a una noticia y cuándo se trata de una opinión.
«La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.»
Alcalde insistió en que los medios deberán transparentar la naturaleza de sus contenidos.
«No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata.»
Asimismo, los concesionarios deberán señalar de forma visible cuándo un contenido corresponde a publicidad y garantizar el derecho de réplica de quienes consideren vulnerados sus derechos.
Quejas podrán terminar en sanciones
Los lineamientos también obligan a cada concesionario a contar con un código de ética y con una defensoría de las audiencias, encargada de recibir y resolver las inconformidades de los usuarios.
«Ese código de ética debe incluir una mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para la designación de las personas defensoras de las audiencias.»
Si un medio ignora las recomendaciones emitidas por la defensoría, el asunto podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
«Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, puede llegar a haber multas y sanciones.»
La apertura de la consulta ocurre mientras continúan las críticas contra la llamada «Ley Censura», denominación utilizada por partidos de oposición, organismos empresariales y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que advierten sobre el riesgo de una mayor intervención del Estado en los contenidos de los medios de comunicación. El Gobierno federal rechaza esa interpretación y sostiene que las nuevas disposiciones únicamente buscan garantizar los derechos de las audiencias y fortalecer el acceso a información veraz.
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