La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la opinión de impacto presupuestal de la iniciativa que propone expedir la Ley General de Seguridad Física en Espacios de Afluencia Masiva Mediante Detectores de Metales, al concluir que, de entrar en vigor, implicará un costo para la Federación cuya magnitud todavía no puede determinarse.
El dictamen fue avalado con 36 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención, y será remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana para continuar su trámite legislativo.
La iniciativa, presentada por el diputado del PAN José Guillermo Anaya Llamas, busca establecer la obligación de instalar, operar, certificar y supervisar sistemas de detección de metales en espacios públicos y privados con alta concentración de personas para prevenir el ingreso de armas y objetos peligrosos.
CEFP advierte que no existen elementos para calcular el costo
La Comisión, presidida por la diputada de Morena Merilyn Gómez Pozos, respaldó el análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) Ifigenia Martínez y Hernández, el cual concluye que el impacto económico para el erario federal es real, pero actualmente imposible de cuantificar.
El estudio señala que no existe información pública suficiente para determinar cuántos inmuebles quedarían sujetos a la nueva regulación, el número de accesos que deberían equiparse, los requerimientos técnicos para su implementación ni el eventual costo de los incentivos fiscales contemplados en la propuesta.
Además, advierte que el gasto dependerá de la forma en que se implemente la ley, la distribución de responsabilidades entre Federación, estados y municipios, así como del universo definitivo de espacios obligados a cumplir con las nuevas disposiciones.
El costo dependerá del número de inmuebles y del equipamiento requerido
La Comisión de Presupuesto coincidió con el CEFP en que el impacto financiero sólo podrá estimarse cuando se definan aspectos fundamentales como el número de inmuebles sujetos a regulación, la cantidad de accesos que deberán contar con detectores de metales, el nivel de equipamiento requerido y la participación presupuestaria que asumirá el Gobierno Federal.
La opinión fue enviada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
También modifican Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género
Durante la misma sesión, la Comisión aprobó por unanimidad, con 43 votos, modificar la integración de la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género.
El acuerdo incorpora al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez y da de baja a la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, ambos integrantes de la bancada del PT.
Legisladores ponen sobre la mesa pensiones, agua y Presupuesto 2027
En asuntos generales, legisladores de distintas fuerzas políticas plantearon temas que consideran prioritarios rumbo a la discusión del Paquete Económico 2027.
La diputada panista Margarita Zavala Gómez del Campo solicitó revisar el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, al señalar que existen 85 solicitudes de indemnización y otras 85 de pensiones complementarias que no han sido resueltas.
Por Morena, el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella pidió analizar la situación de las pensiones del Poder Judicial y del sector ferroviario, mientras que el legislador del PVEM Óscar Bautista Villegas sostuvo que será indispensable asignar recursos suficientes para la implementación de la nueva Ley General de Aguas y propuso reuniones con representantes de los subsistemas de Educación Media Superior y Superior.
La presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos, recordó que la Cámara está por recibir el Paquete Económico 2027 y aseguró que la discusión del Presupuesto de Egresos se realizará escuchando a todas las fuerzas políticas y buscando construir consensos.
Por su parte, las diputadas de Morena Sonia Rincón Chanona, Beatriz Andrea Navarro Pérez y Alejandra del Valle Ramírez solicitaron revisar los adeudos a maestros en diversas entidades, verificar las transferencias federales destinadas al pago de pensiones y atender las demandas presupuestales de los subsistemas de educación media superior y superior.
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