México acumula compromisos internacionales para proteger a las mujeres mientras persisten leyes sin aplicación efectiva, iniciativas archivadas y presupuestos insuficientes, advirtió la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI).
Tras participar en el 70.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de la ONU, la legisladora sostuvo que existe una distancia entre los acuerdos que México suscribe en foros internacionales y la realidad que enfrentan mujeres y niñas para acceder a la justicia.
En un informe publicado en la Gaceta Parlamentaria, Rejón Lara señaló que el encuentro, realizado del 15 al 18 de marzo en Nueva York, tuvo como tema prioritario garantizar y reforzar el acceso a la justicia para mujeres y niñas, eliminar disposiciones discriminatorias y enfrentar barreras estructurales.
Exhibe PRI brecha entre leyes y realidad de las mujeres
La legisladora afirmó que México conoce desde hace años los problemas discutidos ante Naciones Unidas, pero sigue sin conseguir que los derechos plasmados en las leyes se traduzcan plenamente en protección efectiva.
“El tema prioritario de esta edición –acceso a la justicia para mujeres y niñas, eliminación de leyes discriminatorias y desmantelamiento de barreras estructurales– no es terreno desconocido para nuestro país, es, precisamente, donde la brecha entre el derecho escrito y el derecho vivido resulta más difícil de justificar”, expuso.
Rejón Lara sostuvo que los sistemas legales no necesariamente fracasan por falta de normas, sino por las deficiencias existentes entre su aprobación y aplicación.
Entre ellas mencionó ministerios públicos sin capacitación, procedimientos que revictimizan a las mujeres y casos que terminan archivados antes de alcanzar una resolución.
Pide medir si las leyes contra violencia realmente funcionan
Ante este escenario, planteó que el Congreso debe dejar de medir sus resultados únicamente por el número de reformas aprobadas y evaluar la efectividad de las disposiciones existentes contra la violencia de género.
Aseguró que México cuenta con legislación en la materia, pero carece de un mecanismo sistemático para determinar si se aplica, cuáles son sus resultados y cuál es el costo humano de sus deficiencias.
“El Congreso puede y debe establecer ese mecanismo, condicionar el gasto a indicadores verificables y fiscalizar con rigor en lugar de seguir aprobando normas que se acumulan sin tracción institucional”, afirmó.
Alerta por rezago para combatir violencia digital
La priista colocó la violencia digital entre los principales pendientes legislativos y advirtió que las instituciones tradicionales no están respondiendo con suficiente eficacia ante las nuevas formas de agresión contra las mujeres.
Señaló que iniciativas destinadas a enfrentar conductas como acoso, extorsión mediante imágenes y silenciamiento sistemático en plataformas digitales llevan demasiado tiempo sin ser dictaminadas en las comisiones legislativas.
Mientras las propuestas permanecen detenidas, afirmó, las agresiones continúan en una “zona gris procesal”.
“Esos peregrinajes tienen víctimas reales que esperan”, reprochó.
Cuestiona leyes que penalizan a quienes realizan cuidados
Otro de los pendientes identificados durante los trabajos de la CSW70 es el reconocimiento jurídico del trabajo de cuidados.
Rejón Lara sostuvo que códigos civiles, legislación laboral y sistemas de seguridad social mantienen disposiciones que terminan perjudicando a quienes asumen esas labores.
Advirtió que existe una contradicción entre respaldar internacionalmente una agenda de cuidados y no trasladarla a ordenamientos como la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil.
La legisladora consideró que esa distancia representa una “incoherencia normativa” que debe ser atendida mediante una reforma integral desde el Congreso.
Exige recursos para salud mental de mujeres víctimas de violencia
La diputada también planteó modificaciones en materia de salud mental al considerar que las reformas aprobadas durante los últimos años no incorporan de manera operativa una perspectiva de género ni protocolos suficientes para atender traumas derivados de la violencia.
Sostuvo que esta deficiencia puede corregirse mediante reformas específicas y mayores recursos etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El planteamiento forma parte de cuatro obligaciones legislativas que Rejón Lara desprendió de su participación en Naciones Unidas: evaluar la aplicación de las leyes existentes, reconocer jurídicamente el trabajo de cuidados, acelerar las reformas contra la violencia digital y fortalecer la atención de la salud mental con perspectiva de género.
Contrasta eficacia del Estado con organizaciones comunitarias
La legisladora también retomó las experiencias de organizaciones comunitarias que, ante la ausencia institucional, han desarrollado mecanismos propios para acompañar y proteger a mujeres.
Señaló que algunas organizaciones trabajan con menos recursos y mayor efectividad, situación que, dijo, obliga a cuestionar si el Estado aprende de esas experiencias o únicamente las tolera porque atienden problemas que las instituciones no han resuelto.
Critica improvisación del Congreso en foros internacionales
Rejón Lara también cuestionó la forma en que la Cámara de Diputados prepara la participación de sus integrantes en encuentros internacionales.
Afirmó que los legisladores suelen acudir con información general, pero sin un protocolo que identifique compromisos internacionales incumplidos por México, delegaciones parlamentarias estratégicas o posiciones previamente coordinadas con las instituciones mexicanas.
Entre ellas mencionó a la Misión Permanente de México, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Sin esa preparación, la presencia en el foro es representativa en lo formal pero improductiva en lo legislativo”, sentenció.
Lanza crítica por recortes y propuestas archivadas
Al concluir su informe, la diputada dirigió su crítica hacia el propio Poder Legislativo y cuestionó la utilidad de participar en encuentros internacionales si posteriormente los compromisos no se traducen en reformas, presupuesto y políticas públicas.
“La conclusión más incómoda que deja el CSW70 no es temática, es de actitud”, sostuvo.
Para Rejón Lara, el desafío comienza al regresar a la Cámara de Diputados y transformar los acuerdos internacionales en decisiones legislativas.
“La pregunta no es qué se aprendió. La pregunta es qué se está dispuesta a hacer con ello, sabiendo que el regreso a San Lázaro implica enfrentarse a mayorías que aprueban presupuestos recortados, archivan iniciativas y aplauden compromisos internacionales que no tienen ninguna intención de cumplir”, concluyó.
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