Casi 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un juez federal vinculó a proceso la madrugada de este miércoles a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y ordenó que permanezca recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Tras una audiencia de casi 14 horas, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para abrir proceso penal contra el exmandatario por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El juzgador ratificó además la prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre Rivero continuará internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, mientras avanza la investigación.
El juez concedió cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
FGR lo acusa por videos clave de la noche de Iguala
La investigación que llevó a Aguirre a prisión gira alrededor de grabaciones obtenidas por cámaras instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las cámaras registraron el paso de uno de los autobuses utilizados por los estudiantes y el momento en que fue interceptado por policías municipales y estatales. Durante años se sostuvo que ese material no existía.
La FGR asegura que nuevas investigaciones y testimonios obtenidos durante 2026 apuntaron hacia funcionarios del entonces Gobierno de Guerrero y finalmente hacia Aguirre.
Un colaborador declaró en enero que las grabaciones sí existieron y señaló a una persona que presuntamente las sustrajo para entregarlas directamente al entonces gobernador.
Un segundo testigo protegido declaró en mayo que Aguirre habría ordenado, durante una reunión con funcionarios de primer nivel de su administración, desaparecer evidencias relacionadas con lo ocurrido en el Palacio de Justicia de Iguala.
La Fiscalía sostiene que el ocultamiento del material no habría sido un hecho aislado, sino una operación deliberada en la que habrían participado servidores públicos estatales de alto nivel.
Defensa presenta 31 pruebas; juez las considera insuficientes
La defensa del exgobernador buscó desmontar la imputación mediante 31 datos de prueba y sostuvo, entre otros argumentos, que Aguirre no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones.
Excolaboradores declararon que el exmandatario se encontraba en la Ciudad de México y que habría sostenido una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los argumentos no fueron suficientes para impedir la vinculación.
El juzgador consideró que no existía una forma jurídicamente válida de acreditar que Aguirre no se encontraba en Chilpancingo y señaló que tampoco quedó demostrada suficientemente su presencia en la Ciudad de México.
Reclasifica juez delito contra exgobernador
Durante la resolución, el juez reclasificó la imputación originalmente formulada por la Fiscalía y determinó procesar a Aguirre por desaparición forzada de personas cometida por servidores públicos.
De acuerdo con el reporte judicial, el delito por el que será procesado puede alcanzar una pena de 40 a 60 años de prisión.
La vinculación no significa que Aguirre haya sido declarado culpable. La resolución establece que existen elementos suficientes para que enfrente un proceso penal y para que la Fiscalía continúe investigándolo.
Aguirre, segundo exfuncionario de alto rango detenido por los 43
Aguirre Rivero fue detenido el pasado 6 de agosto en el Estado de México, luego de que la FGR obtuvo una orden de aprehensión derivada de nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los estudiantes.
La Fiscalía señaló entonces que un nuevo análisis del expediente permitió establecer su posible participación en la destrucción u ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a conocer qué ocurrió con los normalistas.
Con su captura, Aguirre se convirtió, después del exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, en uno de los exfuncionarios de mayor rango sometidos a proceso penal por investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Caso Ayotzinapa alcanza al exgobernador casi 12 años después
Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando, la noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala y 43 de ellos desaparecieron.
El caso provocó una de las mayores crisis políticas y de derechos humanos de México y obligó a Aguirre a separarse del Gobierno de Guerrero semanas después de los hechos.
Durante años, el exmandatario había comparecido ante autoridades e insistido públicamente en que no tuvo participación en la desaparición de los estudiantes ni en la pérdida de las grabaciones.
Ahora enfrentará esa acusación desde prisión.
El plazo de cuatro meses fijado por el juez permitirá a la FGR y a la defensa incorporar nuevas pruebas antes de que el expediente avance hacia las siguientes etapas del proceso penal.
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