El senador Luis Donaldo Colosio Riojas puso sobre la mesa abrir a estados y municipios una puerta que la Constitución mantiene cerrada desde hace más de cuatro décadas: contratar financiamiento con organismos internacionales para construir infraestructura.
El legislador de Movimiento Ciudadano presentó una propuesta para reformar el artículo 117 constitucional y permitir que gobiernos estatales y municipales con finanzas clasificadas en semáforo verde puedan obtener créditos de organismos multilaterales e instituciones oficiales de fomento.
La medida estaría limitada exclusivamente al financiamiento de obra pública y quedaría sujeta a controles legislativos, financieros y de transparencia.
Busca Colosio cambiar restricción constitucional
Actualmente, la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución restringe a estados y municipios la contratación de obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros.
Colosio sostuvo que esa prohibición respondió a las condiciones financieras de principios de los años 80 y al riesgo de que los gobiernos subnacionales asumieran obligaciones capaces de afectar las finanzas nacionales.
“Esa regla se pensó para un sistema financiero internacional que ya no existe”, afirmó.
El senador argumentó que los gobiernos locales enfrentan necesidades crecientes para financiar redes de agua potable, drenaje, alumbrado, pavimentación y plantas de tratamiento, mientras sus ingresos propios son limitados y los recursos federales no siempre alcanzan para cubrir proyectos de infraestructura.
Créditos sólo para gobiernos con semáforo verde
La iniciativa no plantea una apertura general al endeudamiento extranjero.
Sólo podrían acceder al esquema los estados y municipios clasificados en semáforo verde dentro del Sistema de Alertas.
Los financiamientos tendrían un plazo máximo de 15 años, no podrían ser reestructurados y estaría prohibido contratarlos durante el último año de una administración.
Para los gobiernos estatales, cada operación tendría que ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso local.
En los municipios se requeriría el voto favorable de dos terceras partes del Cabildo.
Obliga a comparar créditos antes de contratar
Antes de concretar el financiamiento internacional, la autoridad interesada tendría que solicitar por lo menos una propuesta de crédito a la banca nacional.
Posteriormente estaría obligada a comparar las condiciones de ambas opciones, calcular el riesgo cambiario involucrado en la contratación del financiamiento y hacer público el análisis.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría además que publicar anualmente el listado de organismos internacionales e instituciones oficiales de fomento con los que podrían celebrarse estas operaciones.
La banca comercial extranjera quedaría excluida.
Colosio pone foco en capacidad financiera de municipios
Colosio señaló que menos de una tercera parte de los alrededor de 2 mil 400 municipios del País registra deuda ante Hacienda.
De acuerdo con los datos citados por el senador, de los 629 municipios evaluados por el Sistema de Alertas, 609 se encuentran en semáforo verde, situación que, desde su perspectiva, permite establecer un esquema controlado de acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
El legislador ejemplificó las restricciones que enfrentan los ayuntamientos por la duración de sus administraciones.
“Un gobierno municipal dura tres años: uno para recibir, uno para hacer y uno para entregar”, señaló.
Explicó que un Ayuntamiento que pretenda construir una planta de tratamiento o renovar una red de agua depende actualmente de convenios con otras autoridades o de las condiciones crediticias disponibles en el mercado nacional.
Plantea tercera vía para financiar infraestructura
Con la reforma, dijo, existiría una alternativa adicional bajo vigilancia de congresos locales y cabildos.
“Los municipios ya demostraron que saben administrar su deuda. Démosles la oportunidad de construir su futuro”, sostuvo Colosio.
Reforma toca Constitución y Ley de Disciplina Financiera
El planteamiento está compuesto por dos iniciativas.
La primera reforma la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución para abrir, bajo determinadas condiciones, el acceso al financiamiento de organismos internacionales.
La segunda modifica y adiciona disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde quedarían establecidas las reglas, requisitos, restricciones y mecanismos de control para el nuevo esquema de financiamiento subnacional.
De avanzar la propuesta, estados y municipios con indicadores financieros sostenibles podrían recurrir a organismos multilaterales para financiar infraestructura, pero tendrían que superar controles políticos, financieros y de transparencia antes de asumir cada obligación.
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