La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, por ahora, no está prevista una nueva prórroga para el registro de líneas telefónicas y llamó a los usuarios a cumplir con el procedimiento, ante la posibilidad de que millones de números que continúan sin identificación sean suspendidos.
Cuestionada sobre versiones que estiman en alrededor de 8 millones las líneas que todavía no han realizado el registro y sobre la expectativa de algunos usuarios de que el plazo vuelva a ampliarse, la mandataria aclaró que la decisión corresponde a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
“Depende de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. No he hablado recientemente con ellos; pusieron este límite y, pues, más bien vamos cooperando todos para poder tener el registro de los teléfonos”, sostuvo.
Sheinbaum defendió que la identificación de las líneas es una medida de seguridad destinada principalmente a combatir la extorsión y el fraude, delitos en los que los teléfonos celulares constituyen una herramienta recurrente.
“Muchas de estas amenazas vienen por teléfono; más del 80 por ciento viene por teléfono”, afirmó al explicar la dimensión de la extorsión telefónica.
La Presidenta señaló que actualmente uno de los obstáculos para las fiscalías y corporaciones policiales aparece cuando una víctima denuncia el número desde el cual recibió una amenaza, pero la línea no puede ser vinculada directamente con una persona.
Explicó que existen chips adquiridos en establecimientos comerciales que no cuentan con información suficiente para determinar quién los compró, lo que dificulta seguir la pista de los responsables.
“Somos de los pocos países en el mundo, quizá el único, donde el chip no está asociado a una persona”, aseguró.
De acuerdo con la mandataria, el objetivo es que cada línea quede vinculada con la identidad de su usuario y que sean las empresas telefónicas, y no directamente el Gobierno federal, las encargadas de conservar esa información.
“¿Quién conserva este directorio de quién es el chip? La compañía telefónica, no lo tiene el Gobierno”, puntualizó.
Agregó que la información únicamente podría ser requerida por las autoridades dentro de una investigación y conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Sheinbaum rechazó que el registro tenga como propósito vigilar a los ciudadanos y sostuvo que busca cerrar espacios a quienes compran múltiples chips para utilizarlos en actividades delictivas.
“Ya no va a ser tan fácil comprar 10 chips y andarlos cambiando en el teléfono para poder hacer una extorsión”, afirmó.
La mandataria insistió en que se trata de una “acción preventiva” y colectiva. “No es que tú seas un delincuente, no, pero vámonos cuidando entre todos”, expresó.
Sobre la cifra de aproximadamente 8.7 millones de líneas pendientes de registro mencionada durante la conferencia, Sheinbaum advirtió que parte del universo podría corresponder a números cuya situación de actividad no está plenamente determinada.
“Hay muchas líneas que no se sabe si están activas”, indicó.
Ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá una vez vencido el plazo y la posibilidad de una última ampliación, anunció que solicitará a la autoridad reguladora informar con precisión sobre el procedimiento y sus consecuencias.
“Vamos a pedirle a la comisión que está encargada de este tema que puedan informar”, dijo.
Sheinbaum sostuvo que la identificación de los usuarios permitirá fortalecer las investigaciones y reducir uno de los delitos que más afecta a diversas regiones del país.
“Estoy convencida de que va a disminuir muchísimo la extorsión telefónica”, afirmó.
La Presidenta recordó además que la medida pasó por el proceso legislativo y aseguró que contó con un respaldo mayoritario.
En otros temas, Sheinbaum abrió la puerta a que la Secretaría de Hacienda revise la petición de productores de destilados para modificar el esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ante los señalamientos de desventajas frente a otras industrias de bebidas alcohólicas.
“Que lo revise la Secretaría de Hacienda”, respondió.
Finalmente, ante las protestas de jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional por presuntos retrasos en sus pagos y trámites, reconoció que no tenía conocimiento puntual del problema y adelantó que solicitará la intervención de la Secretaría de Educación Pública.
“No tenía conocimiento, pero que lo revise el secretario de Educación Pública”, concluyó.
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