Las actuaciones ilegales de las autoridades durante una investigación penal pueden provocar la nulidad de pruebas e incluso comprometer procesos completos, advirtió la abogada Marisela Cifuentes López durante un taller realizado en la Cámara de Diputados.
Al impartir el “Taller: Donde las ideas se siembran y la nación se construye”, impulsado por la diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano (MC), y la Academia Sinergia, la especialista sostuvo que el Estado no puede justificar irregularidades de sus operadores con el argumento de perseguir delitos o esclarecer hechos.
“El Estado tendría que sancionar las conductas irregulares, pero no lo puede hacer a cualquier precio”, afirmó.
Nulidad procesal, freno a actuaciones irregulares
Cifuentes López explicó que la nulidad procesal permite corregir actuaciones irregulares dentro de un procedimiento penal cuando éstas vulneran derechos fundamentales, particularmente el debido proceso.
Sus consecuencias, señaló, pueden alcanzar actos de investigación, datos y pruebas obtenidas durante el procedimiento.
“Cuando vamos a una audiencia específicamente a tratar un tema de un incidente de nulidad, estamos normando y corrigiendo el procedimiento, perfeccionando indebidas actuaciones”, expuso.
La especialista recordó que el Estado tiene facultades para investigar, perseguir y sancionar conductas delictivas, pero subrayó que dichas atribuciones deben ejercerse conforme a la Constitución y las normas procesales.
Detenciones, cateos y comunicaciones bajo la lupa
Para determinar si procede una nulidad, explicó, primero deben identificarse las reglas que obligan a las autoridades a respetar determinados derechos; posteriormente establecer qué derecho fue afectado y, finalmente, definir las consecuencias procesales de la irregularidad.
Entre los casos que pueden involucrar violaciones al debido proceso mencionó una detención realizada ilegalmente, un cateo sin autorización judicial o la revisión de comunicaciones privadas sin autorización.
Estas actuaciones, indicó, también pueden vulnerar derechos como la libertad y la inviolabilidad del domicilio.
Sin embargo, precisó que no cualquier anomalía provoca automáticamente la nulidad de una actuación, pues existen irregularidades relacionadas únicamente con formalidades.
“Para mí es muy importante que cada actuación esté ejecutada por las personas que están legitimadas para ejecutarla, en los tiempos legitimados para llevarlos a cabo y ante las personas competentes que los hayan consentido o autorizado. Sin estas tres cuestiones, ese acto se vuelve irregular”, señaló.
Defiende excluir pruebas obtenidas ilegalmente
Cifuentes López recordó que el debido proceso incluye derechos como recibir notificaciones, ofrecer pruebas, contar con una defensa y controvertir los argumentos presentados durante un procedimiento.
La vulneración de estas garantías, afirmó, puede justificar la corrección del procedimiento mediante los mecanismos establecidos en la legislación.
“Es necesario que muchos asuntos se caigan”
La abogada sostuvo que debe privilegiarse la legalidad de las investigaciones, incluso cuando las irregularidades cometidas por las autoridades provoquen la pérdida de pruebas.
“Es necesario que muchos asuntos se caigan por las malas actuaciones y pérdidas de pruebas, a que inocentes queden en reclusión por prueba obtenida de forma irregular, solamente buscando elementos para condenarlos”, expresó.
La especialista insistió en que la persecución de los delitos no puede realizarse al margen de las garantías constitucionales, pues el respeto al debido proceso constituye un límite a la actuación del Estado.
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