Ante el aumento de sequías, inundaciones, huracanes y estrés hídrico, Morena busca poner un candado al gasto federal contra el cambio climático para impedir que los recursos destinados a prevención, adaptación y mitigación sufran reducciones en términos reales.
El diputado Julio César Moreno Rivera propuso reformar la Ley General de Cambio Climático para establecer que el presupuesto anual destinado a estas acciones no pueda ser inferior, en términos reales, al aprobado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.
La iniciativa plantea modificar la fracción XXIV del artículo 7 de la legislación para fortalecer las obligaciones de la Federación en la elaboración de las previsiones presupuestales destinadas a reducir riesgos y prevenir daños climáticos actuales y futuros.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados.
Busca frenar pérdida de recursos por inflación
Uno de los principales cambios consiste en establecer un piso para el financiamiento climático federal.
El proyecto determina que los recursos asignados anualmente no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior, lo que implica considerar el efecto de la inflación y no solamente mantener una cantidad nominal.
Con ello, Moreno Rivera pretende evitar que recortes presupuestales o la pérdida del poder adquisitivo del dinero disminuyan la capacidad gubernamental para desarrollar políticas climáticas de mediano y largo plazo.
La propuesta también establece que la determinación de los recursos deberá realizarse de manera coordinada con las dependencias competentes.
Alertan riesgos por sequías, huracanes y estrés hídrico
En la exposición de motivos, el legislador advierte que México enfrenta una exposición creciente a fenómenos relacionados con el cambio climático.
Entre los principales riesgos identifica sequías, inundaciones, huracanes, pérdida de biodiversidad, estrés hídrico y daños a la producción agrícola y a la infraestructura pública.
Ante ese escenario, la iniciativa sostiene que garantizar recursos suficientes y estables debe formar parte de una estrategia preventiva y no limitarse a responder una vez ocurridos los desastres.
El objetivo es reducir la vulnerabilidad de la población, anticipar daños y fortalecer la capacidad de recuperación del País.
Piden pasar de reacción a prevención
Moreno Rivera señala que la legislación vigente ya establece como atribución de la Federación elaborar y proponer previsiones presupuestales para las acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
Sin embargo, considera que la redacción actual resulta insuficiente porque no incorpora expresamente una visión preventiva ni fija parámetros mínimos que garanticen la continuidad del financiamiento público.
La modificación, argumenta, permitiría adoptar un esquema de gestión integral del riesgo que privilegie la prevención y reducción de impactos antes de que se materialicen.
Esto, señala, estaría en concordancia con los principios de prevención y desarrollo sostenible de la política ambiental mexicana.
Busca garantizar dinero para políticas de largo plazo
El proyecto pretende que el financiamiento climático no quede sujeto exclusivamente a las prioridades presupuestales de cada ejercicio fiscal.
Al fijar como referencia mínima los recursos reales del año anterior, la propuesta busca otorgar estabilidad financiera a programas y acciones que, por su naturaleza, requieren continuidad.
El diputado sostiene que las políticas de adaptación y mitigación necesitan horizontes de mediano y largo plazo para enfrentar fenómenos cuyos impactos pueden acumularse durante años.
La reforma también pretende consolidar las atribuciones del Estado en la materia y garantizar la continuidad de la política climática nacional.
Plantean mayor vigilancia sobre gasto climático
Además del candado presupuestal, la iniciativa busca involucrar a las dependencias competentes en la definición de los recursos destinados a adaptación y mitigación.
De acuerdo con Moreno Rivera, la coordinación permitiría identificar con mayor precisión el destino del dinero público y mejorar la evaluación de los programas financiados.
También facilitaría fortalecer los mecanismos de transparencia, seguimiento del gasto y rendición de cuentas.
De aprobarse la reforma, el Gobierno federal tendría no sólo que prever recursos para enfrentar el cambio climático, sino respetar un piso presupuestal en términos reales, con el propósito de impedir que recortes o inflación debiliten la capacidad del Estado frente a sequías, inundaciones, huracanes y otros riesgos climáticos.
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