Un mexicano que trabajaba para una empresa de transferencias de dinero fue acusado por autoridades federales de Estados Unidos de aprovechar su puesto para lavar al menos 750 mil dólares procedentes del narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y canalizarlos hacia México.
Christopher A. Bravo Marín, de 46 años y residente de Minneapolis, fue acusado formalmente el 20 de agosto por un gran jurado federal del Distrito de Minnesota de conspiración para cometer lavado de dinero, delito por el que podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
Bravo fue detenido el lunes por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y este martes compareció ante un juez magistrado federal en Minneapolis.
La acusación sostiene que, desde al menos febrero de 2023 y hasta febrero de 2026, el mexicano conspiró con integrantes de una célula de distribución de drogas del CJNG que operaba en Minnesota.
Burlaba controles con envíos menores a mil dólares
De acuerdo con los fiscales, Bravo utilizó su posición dentro de una empresa de transferencia de dinero con sede en Minnesota y su conocimiento de los procedimientos internos para evadir los controles contra el lavado de dinero.
El esquema consistía presuntamente en dividir el dinero del narcotráfico en numerosas operaciones por montos ligeramente inferiores a mil dólares, umbral a partir del cual la empresa exigía recopilar y verificar la identificación del cliente.
Para dar apariencia de legalidad a las operaciones, Bravo habría creado identidades falsas con nombres de origen hispano que figuraban como remitentes.
El dinero era enviado posteriormente a testaferros en México cuyos nombres, según la acusación, eran proporcionados por integrantes del CJNG.
Bravo recibía entre 40 y 50 dólares por cada transferencia que procesaba como parte del esquema.
Falsificaba firmas y enviaba comprobantes a sus cómplices
Las autoridades estadounidenses aseguran que, después de efectuar las operaciones, Bravo falsificaba las firmas de los supuestos remitentes en los recibos de confirmación para hacer parecer legítimas las transferencias.
Luego enviaba mediante mensajes de texto capturas de pantalla de esos comprobantes a sus cómplices, lo que permitía que el dinero fuera cobrado en México.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el mecanismo permitió trasladar cientos de miles de dólares generados por la venta de drogas hacia personas vinculadas con la estructura del cártel mexicano.
EU apunta contra la estructura financiera del CJNG
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que el acusado habría utilizado su posición dentro de una institución financiera para facilitar el movimiento de ganancias ilícitas.
“Los cárteles dependen de intermediarios financieros para asegurar que sus líderes en México reciban las ganancias” generadas por sus actividades criminales en Estados Unidos, señaló Duva.
El fiscal federal Daniel N. Rosen, del Distrito de Minnesota, sostuvo que el esquema contribuyó a fortalecer la infraestructura financiera de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
“Este acusado fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir cientos de miles de dólares provenientes del narcotráfico a líderes de cárteles”, afirmó.
HSI rastreó la operación en Minnesota
La investigación estuvo a cargo de HSI St. Paul y del Grupo de Trabajo Antidrogas del Condado de Dakota.
El agente especial de HSI Travis Pickard destacó que el expediente forma parte de los esfuerzos federales para identificar las redes financieras utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.
El procesamiento está encabezado por el fiscal Javier Urbina, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Rebecca Kline, del Distrito de Minnesota.
El caso se integra además a la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enfocada en combatir cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando.
Bravo enfrenta por ahora un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La pena máxima prevista es de 20 años de cárcel, aunque una eventual sentencia dependerá de las directrices federales y de los factores legales que valore el juez.
La acusación constituye una imputación y Bravo Marín debe ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
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