El diputado federal Christian Mishel Castro Bello, del PRI, propuso castigar como traición a la patria a servidores públicos a quienes se acrediten vínculos delictivos con el crimen organizado, actos graves de corrupción, desvío de recursos públicos o enriquecimiento cuya procedencia legítima no puedan comprobar.
La iniciativa plantea reformar el artículo 123 del Código Penal Federal para imponer penas de hasta 40 años de prisión a funcionarios involucrados en delitos relacionados con narcotráfico, contrabando de hidrocarburos, secuestro y extorsión, entre otras actividades de delincuencia organizada.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Castigarían uso de dinero criminal en política
La reforma adiciona las fracciones XVI y XVII al artículo 123 para considerar traición a la patria que un servidor público emplee recursos procedentes de actividades delictivas para financiar o desarrollar su actividad política.
Además de las sanciones correspondientes a cada ilícito, el funcionario podría recibir la pena máxima prevista en ese artículo, de 40 años de cárcel, y una multa equivalente a seis años del salario percibido en el cargo público del cual hubiera obtenido provecho para realizar actividades criminales.
La propuesta también incluye a servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas y penales por corrupción vinculada con la distracción, ejercicio u otorgamiento ilegal de fondos públicos, ya sea para beneficio propio o de terceros.
La misma sanción podría aplicarse cuando el funcionario no logre acreditar legítimamente el incremento de su patrimonio.
En estos casos, además de la pena de prisión, se impondría una multa equivalente al monto de los recursos involucrados en la operación ilegal o al incremento patrimonial no justificado.
Alcanzaría sanción a particulares beneficiados
La iniciativa no limita la responsabilidad a servidores públicos.
También establece que cometerá traición a la patria el particular que obtenga beneficios derivados de esas conductas.
A las sanciones administrativas y penales previstas en otras disposiciones se sumaría la penalidad propuesta en el artículo 123, además de una multa de hasta 70 por ciento del beneficio económico obtenido.
Castro Bello argumentó que las operaciones de corrupción suelen requerir la participación de personas físicas y empresas utilizadas como intermediarias para simular la legalidad de movimientos financieros y desviar dinero que debía destinarse a objetivos institucionales.
Cita caso Segalmex para endurecer castigos
En la exposición de motivos, el legislador priista sostuvo que la reforma busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y endurecer las consecuencias contra funcionarios que utilicen el poder público para asociarse con organizaciones criminales.
También pretende elevar a la categoría de traición a la patria los actos de corrupción relacionados con desvíos de fondos públicos y aumentos patrimoniales que no puedan justificarse legalmente.
Señala escándalos por desvío de recursos
Como ejemplo, Castro Bello mencionó el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo que ha estado bajo investigación por irregularidades y presuntos desvíos millonarios de recursos públicos.
El priista sostuvo que la responsabilidad no debe recaer únicamente sobre funcionarios que obtengan beneficios ilegales, sino alcanzar también a particulares y empresas que intervengan en esquemas financieros destinados a ocultar o simular la legalidad de las operaciones.
La propuesta busca, en consecuencia, elevar el costo penal para quienes desde el servicio público colaboren con organizaciones criminales o utilicen recursos del Estado para obtener beneficios personales, políticos o económicos.
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