El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, aseguró que registra avances en San Lázaro la iniciativa para tipificar y sancionar específicamente el reclutamiento forzado cometido por integrantes de la delincuencia organizada, con penas que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión en casos agravados.
El legislador afirmó que existen acuerdos entre diferentes grupos parlamentarios para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y establecer esta conducta como un delito específico.
“Ya hay muchos avances para establecer el delito de reclutamiento forzado que aplica para menores y otro tipo de sectores. Estamos ya muy cerca de que este tema salga, hay avances fuertes en la Comisión de Justicia y consenso en varios grupos parlamentarios y hay varias iniciativas”, declaró a representantes de medios de comunicación.
Advierten engaños con falsas ofertas de empleo
Mejía Berdeja señaló que grupos criminales recurren a falsas ofertas de trabajo, anuncios y publicaciones en redes sociales para atraer principalmente a jóvenes, quienes posteriormente pueden ser privados de su libertad y obligados a incorporarse a organizaciones delictivas.
Advirtió que las víctimas pueden terminar desempeñándose como sicarios, informantes o “halcones”, e incluso ser asesinadas en caso de resistirse a participar en las actividades criminales.
“Luego, estos jóvenes aparecen como sicarios, como informantes, como ‘halcones’ y nutren forzadamente las filas de la delincuencia organizada. El caso más reciente es el del rancho Izaguirre, en Jalisco, pero ha habido otros casos”, sostuvo.
Plantean penas de 10 a 20 años de cárcel
La iniciativa presentada por el legislador petista establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes incurran en el reclutamiento forzado en beneficio de grupos de la delincuencia organizada.
Las sanciones podrían agravarse hasta alcanzar 40 años de cárcel cuando las víctimas pertenezcan a sectores considerados especialmente vulnerables.
Pena aumentaría por víctimas vulnerables
Entre los supuestos agravantes se encuentran los casos en que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes; adultos mayores; mujeres embarazadas; migrantes; integrantes de pueblos indígenas, o exservidores públicos.
Mejía argumentó que actualmente existe un vacío en la legislación penal para perseguir específicamente esta conducta.
“Pero hay una laguna jurídica, porque no estamos hablando ni de corrupción de menores ni de trata de personas, el delito es reclutamiento forzado”, expresó.
Busca cerrar vacíos legales ante el crimen organizado
El diputado sostuvo que México debe cerrar los espacios legales que puedan ser aprovechados por las organizaciones criminales para captar personas y fortalecer sus estructuras.
Recordó que entre las principales actividades de la delincuencia organizada transnacional se encuentran el tráfico de armas, drogas y personas, así como el tráfico de órganos y el lavado de dinero.
Por ello, consideró necesario incorporar el reclutamiento forzado al marco penal para sancionar directamente a quienes, mediante amenazas, engaños, violencia o falsas oportunidades laborales, obliguen a personas a integrarse a las filas del crimen organizado.
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