A siete meses de las elecciones del 6 de junio de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un recorte presupuestal acumulado de 6 mil millones de pesos, mientras se encuentra sumido en una crisis institucional por presuntas irregularidades en contratos millonarios, investigaciones por corrupción y la renuncia de su expresidenta, Guadalupe Taddei.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló este viernes nuevos ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con los que los recursos previstos para el organismo electoral pasarían de 42 mil 274.5 millones a aproximadamente 36 mil 275 millones de pesos.
La disminución representa 14.2 por ciento del monto originalmente contemplado en el proyecto presupuestario, aunque todavía deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara de Diputados.
El golpe financiero llega cuando el árbitro electoral debe organizar la renovación de la Cámara de Diputados, coordinar procesos electorales locales concurrentes y garantizar el financiamiento público de los partidos políticos, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos.
Diputados profundizan recorte al presupuesto del INE para 2027
El ajuste comenzó con una reducción de 5 mil millones de pesos impulsada por la mayoría legislativa, bajo el argumento de que los recursos previstos para el INE superaban los presupuestos de elecciones federales anteriores.
Sin embargo, durante la discusión del dictamen en comisiones, los legisladores aprobaron nuevas reasignaciones por mil millones de pesos, llevando el recorte acumulado a 6 mil millones.
Los primeros 5 mil millones fueron destinados a fortalecer el programa La Escuela es Nuestra, acciones ambientales, la Agencia Federal de Aviación Civil y la búsqueda de personas desaparecidas.
Los nuevos ajustes contemplan recursos para educación inicial, atención integral a mujeres y promoción turística.
El proyecto sostiene que la reducción no comprometerá las funciones constitucionales del INE. No obstante, el instituto deberá ajustar su planeación financiera y operativa para desarrollar las actividades electorales previstas.
Contratos bajo sospecha agravan crisis institucional del INE
El recorte coincide con investigaciones por una presunta red de empresas que habrían simulado competir en licitaciones para obtener contratos relacionados con servicios y materiales electorales.
El Órgano Interno de Control del INE identificó contratos por 2 mil 461 millones de pesos adjudicados a cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí, mediante operaciones realizadas entre 2014 y 2025 en 27 organismos públicos locales electorales.
Las investigaciones apuntan a posibles prácticas de colusión, conflictos de interés y simulación de competencia entre proveedores.
Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos relacionadas con dos grupos empresariales entre 2014 y 2026, cuyo alcance rebasa las contrataciones del propio INE.
Estos montos corresponden a contratos y operaciones bajo investigación, no a cantidades de dinero cuyo desvío haya quedado judicialmente acreditado.
Renuncia de Guadalupe Taddei sacude al organismo electoral
La crisis derivó en la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE y el nombramiento provisional de Blanca Yassahara Cruz García.
La nueva conducción anunció la revisión de contratos y procedimientos administrativos, incluidos aquellos pendientes de firma, para determinar su situación.
El 5 de noviembre, el Consejo General aprobó solicitar a la ASF una revisión integral de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026.
También ordenó preservar documentación, revisar el padrón de proveedores y preparar un plan de acción crítico para garantizar las contrataciones indispensables para los comicios.
Elecciones 2027: el INE enfrenta una prueba de operación y credibilidad
La jornada electoral del 6 de junio de 2027 contempla la renovación de la Cámara de Diputados y la disputa por 17 gubernaturas, además de otros cargos locales.
El instituto proyectó originalmente recursos para la capacitación electoral, instalación de casillas, fiscalización, actualización del padrón, emisión de credenciales para votar y organización de los procesos concurrentes.
También debe garantizar las prerrogativas de los partidos políticos, calculadas mediante disposiciones constitucionales y legales.
Bajo presión, presupuesto y vigilancia de contratos
La combinación de menores recursos y contrataciones bajo revisión coloca al INE ante dos desafíos simultáneos: asegurar que la preparación de las elecciones no sufra interrupciones y recuperar la confianza institucional mediante la rendición de cuentas.
Mientras la Cámara de Diputados define el presupuesto definitivo, las investigaciones de la ASF y del Órgano Interno de Control deberán determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
El árbitro electoral llegará así a los comicios de 2027 bajo una doble presión: organizar las elecciones con un presupuesto reducido y responder por los contratos que hoy mantienen bajo escrutinio su administración.
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