La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que es necesario sanear y limpiar el Instituto Nacional Electoral (INE), ante las presuntas irregularidades en contrataciones millonarias con empresas proveedoras de materiales electorales, y exigió a los actuales consejeros garantizar transparencia, austeridad y eliminar los negocios al amparo de los organismos electorales.
Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que el organismo encargado de organizar las elecciones debe garantizar la voluntad popular, pero también asegurar que sus procedimientos administrativos estén libres de corrupción y sobrecostos.
“El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían ‘el INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, expresó, al cuestionar a quienes se opusieron a la reforma electoral impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum sostuvo que el INE debe actuar bajo principios de transparencia y austeridad republicana, sin comprometer la organización de los procesos electorales.
“El Instituto Nacional Electoral es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar elecciones limpias y que en su propio funcionamiento debe garantizar funcionamiento con transparencia y austeridad republicana”, subrayó.
La presidenta señaló que los diez consejeros que actualmente integran el organismo tienen la responsabilidad de revisar los mecanismos de contratación, establecer controles para los organismos públicos locales electorales (OPLE) y reducir el gasto destinado a la organización de elecciones.
“Lo que nos corresponde a nosotros y al INE actual, los diez consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes”, enfatizó.
En ese contexto, volvió a señalar al expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, a quien acusó de haber conocido durante su administración la existencia de empresas que concentraban contratos millonarios con organismos electorales estatales.
“Que no me digan que ahora estos empresarios que hicieron negocios con el INE nadie los conocía. No, claro, ellos los conocían, ya lo dijo, claro que sabía de su existencia”, afirmó.
La titular del Ejecutivo federal cuestionó que durante los nueve años en que Córdova encabezó el instituto se permitiera, según sus señalamientos, que un grupo reducido de compañías concentrara servicios relacionados con la organización electoral.
“Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente unas cuantas”, sostuvo.
Asimismo, denunció que algunos proveedores cobraban hasta el doble o triple por sus servicios y que varias empresas operaban únicamente como intermediarias, sin fabricar directamente los materiales electorales.
“Muchos de ellos eran intermediarios, ni siquiera eran empresas que fabricaban papelería, sino que eran coyotes”, acusó.
Sheinbaum advirtió que estas prácticas podrían explicar parte de los elevados costos de los procesos electorales en México, que, de acuerdo con las cifras mencionadas durante su conferencia, pueden alcanzar los 37 mil millones de pesos y aproximarse a 50 mil millones al considerar los presupuestos estatales.
“Es muy probable que parte del monto tan alto, 37 mil millones de pesos que se usan para la elección de un año, pues estén inflados con todos estos esquemas”, señaló.
Por ello, insistió en que los actuales consejeros deben generar lineamientos que sean aplicados por los organismos electorales de las entidades federativas, transparentar los precios de adquisición y evitar la concentración de contratos entre determinados proveedores.
La mandataria también adelantó que su administración prepara un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el objetivo de mejorar la producción de materiales electorales, reducir costos y establecer mecanismos de transparencia con participación de universidades.
Indicó que el documento será presentado a principios de la próxima semana, una vez que concluya su elaboración.
Sobre las posibles responsabilidades de exfuncionarios electorales, Sheinbaum precisó que deberán ser determinadas por las autoridades competentes y no por el Ejecutivo federal.
“Ahí hay responsabilidades, que lo determine la Auditoría y la Fiscalía General de la República”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que las modificaciones legales y constitucionales al sistema electoral tendrán que esperar hasta después de las elecciones de 2027, debido a las restricciones que impiden modificar las reglas una vez iniciado el proceso electoral.
Sin embargo, enfatizó que la revisión de contratos y el saneamiento administrativo del INE no deben posponerse, pues los actuales consejeros todavía están a tiempo de garantizar que los recursos públicos destinados a las elecciones sean utilizados con transparencia y sin sobreprecios.
Deja una respuesta