Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro nacional de labores por tiempo indefinido, con la suspensión de actividades en juzgados y tribunales de al menos 16 estados, en rechazo a un nuevo esquema de evaluación que, denuncian, amenaza su estabilidad laboral y abre la puerta a posibles despidos.
La protesta estalló durante los primeros minutos del día, luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara el jueves 5 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo que establece evaluaciones periódicas para el personal de carrera judicial.
Los inconformes advierten que el mecanismo permitirá determinar la permanencia de secretarios, actuarios y oficiales judiciales mediante exámenes y valoraciones de desempeño, pese a que muchos cuentan con décadas de experiencia y previamente acreditaron procesos de ingreso.
En la Ciudad de México, trabajadores colocaron cadenas en los accesos del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, mientras el movimiento se extendió a otras sedes judiciales del país.
Cierran juzgados y tribunales; paro se extiende por el país
La movilización alcanza instalaciones judiciales de Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco, de acuerdo con los reportes de las primeras horas.
En la capital del país, las protestas también abarcan las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
Aunque los reportes iniciales ubicaron la movilización en 16 estados, las convocatorias y registros posteriores incluyen 17 entidades, además de la Ciudad de México. La magnitud de la suspensión varía entre sedes y no implica que todos los juzgados de esas entidades hayan dejado de operar.
En Morelos, más de mil trabajadores comenzaron a cerrar instalaciones de Cuernavaca y Xochitepec desde el jueves, antes del arranque nacional de la protesta.
Los empleados condicionaron el levantamiento del paro a la apertura de una mesa de diálogo y a la revisión del acuerdo que regula las evaluaciones.
Acusan que evaluación del Poder Judicial amenaza empleos
Temen perder antigüedad y plazas por nuevos exámenes
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, cuestionó que las nuevas disposiciones puedan comprometer la trayectoria de empleados que han dedicado buena parte de su vida profesional al Poder Judicial.
“Pues mis 24 o 25 años que tengo en la institución se van a ir a la basura y probablemente me corran. A eso estamos expuestos todos”, advirtió durante la protesta en San Lázaro.
Los trabajadores sostienen que el problema no radica en ser evaluados, sino en que los resultados puedan utilizarse para condicionar su permanencia, permitir cambios de adscripción o justificar la separación del servicio.
También expresaron preocupación porque parte de la calificación dependerá de las valoraciones de sus superiores jerárquicos, incluidos jueces y magistrados que llegaron a sus cargos mediante la elección judicial.
A su juicio, ese mecanismo podría facilitar decisiones discrecionales o represalias laborales, señalamientos que hasta ahora constituyen denuncias de los inconformes y no hechos acreditados. Opinión Ciudadana+2
Evaluación bienal contempla bajas laborales; OAJ niega despidos inmediatos
El acuerdo publicado en el DOF contempla evaluaciones ordinarias periódicas y un sistema de calificaciones de cero a 100 puntos, con distintos efectos sobre la permanencia del personal de carrera judicial.
El examen de conocimientos representa 40 por ciento de la calificación, mientras que el 60 por ciento restante corresponde a indicadores de desempeño, valoraciones de superiores, compañeros y otros parámetros institucionales.
El esquema establece que quienes obtengan resultados insuficientes podrán presentar, bajo determinadas condiciones, una evaluación extraordinaria. De no acreditar el proceso, podrían enfrentar la separación del cargo.
Sin embargo, el OAJ aclaró que la evaluación programada para diciembre de 2026 será exclusivamente diagnóstica y no provocará despidos ni pérdida de antigüedad.
El organismo precisó que esta primera etapa servirá para detectar necesidades de capacitación y que la evaluación ordinaria con efectos sobre la permanencia se aplicará posteriormente, una vez concluidas las acciones de fortalecimiento profesional. Infobae+2
Exámenes del Poder Judicial comenzarán en diciembre
El calendario divulgado establece que los secretarios serán evaluados el 4 de diciembre; los actuarios, el día 8, y los oficiales judiciales, el 14 y 15 del mismo mes.
Los trabajadores cuestionan que el tiempo para preparar los exámenes sea reducido, particularmente por la carga de expedientes y responsabilidades que enfrentan diariamente.
Exigen cancelar acuerdo y mantener paro indefinido
Los manifestantes demandan que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos las disposiciones cuestionadas y emita nuevas reglas que privilegien la capacitación profesional sobre las sanciones laborales.
La inconformidad abre un nuevo frente de tensión dentro del Poder Judicial tras la reforma que modificó su estructura y el procedimiento para elegir jueces y magistrados.
Mientras no se alcance un acuerdo, los trabajadores mantienen su decisión de continuar el paro, con posibles repercusiones en la atención de trámites y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales donde se suspendieron actividades.
La disputa coloca frente a frente dos posiciones: la exigencia de garantizar la estabilidad laboral del personal judicial y la facultad institucional de evaluar su desempeño para mejorar el servicio de impartición de justicia.
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