La Fiscalía de Jalisco abrió una nueva línea de investigación para determinar si médicos o paramédicos fueron obligados —o participaron voluntariamente— en la atención de integrantes del crimen organizado heridos dentro de una finca de Tecalitlán que presuntamente funcionaba como una “clínica” clandestina.
Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco, informó que las autoridades buscan establecer quién proporcionaba atención médica en el inmueble y bajo qué condiciones lo hacía.
Sin embargo, aclaró que hasta ahora no existen reportes de médicos, paramédicos o trabajadores del sector salud desaparecidos en esa zona, por lo que no está confirmado que profesionistas hayan sido privados de la libertad para trabajar en el sitio.
“Va a ser muy importante investigar el tema de la posible existencia de algunos médicos que, obligados o de forma voluntaria, puedan haber estado colaborando en ese lugar”, señaló Alarcón Estrada.
La Fiscalía deberá establecer ahora si existió una estructura médica al servicio del grupo criminal y, en su caso, identificar a quienes participaban en ella.
Falsa oferta de trabajo llevó a descubrir la finca
El inmueble fue descubierto durante la investigación por la desaparición de un joven de 20 años de San Pedro Tlaquepaque, quien el pasado 21 de julio salió rumbo a un supuesto empleo en un rancho y después perdió contacto con su familia.
Las investigaciones de campo y gabinete ubicaron al joven a principios de septiembre en Tecalitlán, municipio del sur de Jalisco.
Un operativo conjunto de la Fiscalía estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional permitió ingresar a la finca y liberar al joven junto con otros siete hombres, todos privados de su libertad, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales.
Los ocho hombres tenían entre 16 y 43 años y algunos provenían de Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco.
H3 | Muletas, medicamentos y material ortopédico revelan función del inmueble
Los indicios encontrados dentro de la propiedad reforzaron la hipótesis de que el sitio era utilizado como espacio de recuperación para personas lesionadas vinculadas con actividades criminales.
La Fiscalía aseguró medicamentos, material médico y ortopédico, dos botas ortopédicas y tres pares de muletas. Además, fueron localizados una báscula gramera, botas tácticas, material vegetal con características de droga y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 milímetros.
Al menos dos de las personas liberadas tenían dificultades para caminar o requerían aparatos de apoyo, según las primeras investigaciones.
La Fiscalía estatal ha señalado que la finca era empleada por un grupo delictivo para mantener a personas lesionadas o que necesitaban recuperación física. Diversos reportes periodísticos identifican al grupo como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Seis detenidos; investigan trata y desaparición
Durante el operativo fueron detenidos cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, quienes presuntamente se encargaban de vigilar o custodiar a las personas retenidas.
Las investigaciones están relacionadas principalmente con delitos de privación ilegal de la libertad, además de posibles hechos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.
Alarcón Estrada indicó que las carpetas continúan en integración y no descartó que aparezcan otros delitos conforme avancen las diligencias.
La incógnita: ¿quién curaba a los heridos?
El hallazgo abre ahora una vertiente que puede resultar clave para dimensionar la operación de la finca: identificar a las personas encargadas de realizar curaciones, tratamientos o procesos de rehabilitación.
La presencia de medicamentos, equipo ortopédico y personas con dificultades para caminar plantea la posibilidad de que existiera personal con conocimientos médicos.
Por ahora, la autoridad no ha establecido que los médicos hayan sido reclutados por la fuerza, ni ha informado de órdenes de aprehensión contra profesionales de la salud.
La Fiscalía deberá determinar si hubo médicos o paramédicos involucrados, si conocían que atendían a integrantes de una organización criminal y, particularmente, si prestaban esos servicios por voluntad propia o bajo amenazas.
El caso ocurre mientras Jalisco mantiene bajo escrutinio los mecanismos de reclutamiento utilizados por grupos criminales mediante falsas ofertas laborales. Apenas el 4 de septiembre, la Fiscalía informó de una sentencia de 10 años contra una mujer y dos policías municipales por captar y trasladar jóvenes con fines de trabajos forzados mediante una oferta laboral falsa.
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