El diputado Mario Alberto López Hernández, del PVEM, propuso endurecer las penas contra quienes presten, renten o alquilen inmuebles sabiendo que serán utilizados para cometer delitos relacionados con la trata de personas.
La iniciativa plantea fijar una pena de cinco a siete años de prisión, frente al rango vigente de dos a siete años, para quien entregue en comodato, arrendamiento o alquiler una casa, habitación o cualquier otro inmueble con conocimiento de que será utilizado para actividades vinculadas con este delito.
La propuesta reforma el artículo 34 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Van contra inmuebles usados por redes de trata
En su exposición de motivos, López Hernández sostiene que las redes de trata requieren infraestructura física para operar y mantener ocultas a sus víctimas.
Entre los espacios utilizados, señala casas habitación, hoteles, establecimientos comerciales, ranchos, propiedades en renta y otros inmuebles privados.
La iniciativa plantea que sin estos lugares las organizaciones criminales tendrían mayores dificultades para trasladar, ocultar, explotar o mantener privadas de su libertad a las víctimas.
Buscan castigar a quienes facilitan espacios
El legislador argumenta que el combate a la trata no debe concentrarse únicamente en los autores materiales, sino también en quienes, con conocimiento de los hechos, facilitan propiedades para que los delitos se cometan.
Sostiene que endurecer la sanción permitiría reducir los espacios disponibles para las redes criminales y generar mayores oportunidades para rescatar víctimas, reunir pruebas y desmantelar organizaciones.
Advierten uso de prestanombres y contratos simulados
López Hernández alertó que organizaciones criminales recurren a arrendamientos, prestanombres y simulaciones legales para ocultar las actividades de explotación y dificultar la identificación de los responsables.
Por ello, considera necesario cerrar espacios de impunidad para propietarios o intermediarios que permitan deliberadamente el uso de inmuebles con fines criminales.
La propuesta, señala, pretende avanzar hacia un modelo en el que también existan consecuencias penales para quienes proporcionan la infraestructura que hace posible la explotación.
Alegan obligación de reforzar combate a la trata
El diputado sostiene que la reforma también busca cumplir con compromisos internacionales de México para prevenir, investigar y castigar todas las formas de participación en la trata de personas.
Plantea que las medidas legislativas deben tener capacidad disuasoria y permitir desmantelar no sólo las redes de explotación, sino también las condiciones materiales que les permiten funcionar.
Ponen dignidad humana sobre interés económico
En la iniciativa, López Hernández afirma que el Congreso tiene una responsabilidad constitucional y moral de actualizar las leyes frente a nuevas modalidades del crimen organizado.
“Nada debe privilegiarse más que la dignidad humana por encima de cualquier interés económico”, sostiene en la exposición de motivos.
El legislador concluye que elevar la pena mínima busca impedir que propietarios, arrendadores o intermediarios se escuden en contratos o figuras jurídicas para facilitar actividades de trata y explotación humana.
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