Legisladores, magistrados y autoridades electorales llamaron a transformar desde su diseño las instituciones públicas y los procesos políticos para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad, autonomía y sin barreras.
Durante el foro “Democracia sin barreras. Derechos políticos de las personas con discapacidad”, convocado por la diputada Mónica Herrera Villavicencio, los participantes coincidieron en que la inclusión no debe ser vista como una medida extraordinaria, sino como un principio permanente de funcionamiento institucional.
El planteamiento incluye incorporar criterios de accesibilidad en elecciones, consultas, políticas públicas, trámites administrativos, instalaciones y herramientas tecnológicas.
Reclaman que iniciativas no queden en la “congeladora”
El diputado Carlos Sánchez Barrios, de Morena, sostuvo que además de garantizar acciones afirmativas es necesario modificar las prácticas de la Cámara de Diputados para que las iniciativas presentadas por legisladores sean analizadas y dictaminadas.
Como ejemplo, afirmó que ha presentado en cinco ocasiones una iniciativa relacionada con el derecho a la verdad por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin que hasta ahora haya sido dictaminada.
Pidió que las comisiones resuelvan todas las propuestas legislativas, ya sea de manera positiva o negativa, y que no permanezcan indefinidamente en la llamada “congeladora”.
Consideró que ese cambio permitiría ampliar la incidencia tanto de las personas con discapacidad como de legisladores en general.
Urgen cambiar percepción sobre discapacidad
Adolfo Cortés Veneroso, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, advirtió que también es indispensable modificar la percepción social e institucional hacia las personas con discapacidad cuando ejercen sus derechos político-electorales.
Sostuvo que deben dejar de ser consideradas únicamente como un grupo vulnerable y ser reconocidas como ciudadanas y ciudadanos con derechos, facultades y capacidades.
Advirtió que mientras no ocurra ese cambio, las disposiciones contenidas en leyes, reglamentos y tratados internacionales pueden quedar sólo en el papel por obstáculos como falta de presupuesto, personal especializado e infraestructura accesible.
Señalan falta de voluntad para una democracia incluyente
Jesús Miguel Armendáriz Olivares, consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, afirmó que aún falta voluntad para avanzar hacia una democracia verdaderamente incluyente.
Indicó que muchas instituciones no fueron diseñadas originalmente bajo criterios de accesibilidad e inclusión y señaló que en Chihuahua ya se han realizado mesas de diálogo para analizar cómo abordar esta agenda.
Jalisco busca candidaturas con posibilidades reales de triunfo
Zoad Jeanine García González, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, planteó que la inclusión debe asumirse como una condición ordinaria del diseño institucional.
Expuso que los procesos políticos deben planearse desde el inicio considerando la diversidad humana, con mecanismos que permitan a las personas con discapacidad participar sin enfrentar barreras previsibles y evitables.
Reconoció que en Jalisco aún existe una brecha para que las personas con discapacidad ocupen espacios de decisión, aunque se han adoptado medidas para mejorar sus posibilidades de acceso al Congreso estatal y a los ayuntamientos.
Buscan evitar candidaturas sólo testimoniales
La consejera explicó que los lineamientos electorales contemplan candidaturas obligatorias para grupos históricamente excluidos de la representación política, entre ellos las personas con discapacidad.
Para la elección del Congreso de Jalisco, los partidos deben incluir en sus listas de representación proporcional a personas de cinco grupos de participación prioritaria.
Además, los lineamientos prevén que esas candidaturas sean colocadas dentro de los primeros ocho lugares de las listas, con el propósito de evitar que sean relegadas a posiciones con pocas posibilidades de obtener una curul.
La finalidad, subrayó, es que la inclusión no se reduzca al registro de candidaturas, sino que se traduzca en posibilidades reales de representación política.
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