El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos internos y de partidos políticos por no haber aprobado reglas específicas para fiscalizar los llamados procesos políticos anticipados o “preprecampañas”, pese a que aspirantes y fuerzas políticas mantienen actividades de promoción rumbo a las elecciones de 2027.
El problema, han advertido integrantes del propio Consejo General, es que bajo las reglas actualmente vigentes parte de esos recursos serían revisados como gasto ordinario y la resolución correspondiente podría conocerse cuando los comicios ya hayan terminado.
El consejero Arturo Castillo advirtió desde mayo que, sin un mecanismo extraordinario de fiscalización, los procesos políticos adelantados comenzarían a revisarse formalmente hasta el 30 de marzo de 2027 y la resolución podría emitirse, “en el mejor de los casos”, el 1 de octubre de ese año.
La jornada electoral federal está prevista para junio de 2027.
INE aplazó reglas para vigilar procesos anticipados
El 27 de mayo, Castillo presentó al Consejo General un proyecto de lineamientos para regular los procesos políticos relacionados con los comicios de 2027.
La propuesta contemplaba que partidos y organismos electorales locales informaran al INE sobre sus actividades adelantadas, establecer un mecanismo de fiscalización anticipada y contabilizar eventualmente los gastos vinculados con actos anticipados de precampaña o campaña dentro de los topes electorales.
Sin embargo, el Consejo General decidió retirar el proyecto por nueve votos contra dos y llevarlo nuevamente a discusión en una sesión posterior.
La discusión continuó durante los meses siguientes, pero tampoco se alcanzó un acuerdo.
En septiembre, dentro del propio Consejo General se reconoció que los lineamientos para fiscalizar los procesos políticos internos seguían sin emitirse por falta de una mayoría para aprobarlos.
Alertan que gastos podrían conocerse cuando elección ya terminó
Castillo ha sostenido que el problema no es solamente determinar si las actividades anticipadas son legales, sino conocer oportunamente quién las financia y cuánto se está gastando.
De acuerdo con su planteamiento, si posteriormente una autoridad determina que existieron actos anticipados de precampaña o campaña, una fiscalización tardía podría impedir que esos recursos tengan efectos efectivos sobre los topes de gasto durante el proceso electoral.
“Si llegamos a detectar actos anticipados de precampaña o campaña, vamos a estar totalmente imposibilitados para fiscalizar los gastos relacionados con esos actos”, advirtió durante la sesión del 27 de mayo.
Posteriormente, el consejero sostuvo que la mayoría del Consejo General se ha negado a emitir reglas específicas para estos procesos políticos anticipados y que ello ha impedido, desde su perspectiva, una vigilancia oportuna de gastos y actividades.
Mayoría del INE sostiene que existen reglas vigentes
Dentro del Consejo General también existe una postura distinta.
Consejerías han señalado que el INE no puede invadir atribuciones de los organismos públicos locales electorales y que, para incorporar determinados gastos como actos anticipados de precampaña o campaña, primero debe existir un pronunciamiento de la autoridad competente sobre la naturaleza de esas actividades.
En la sesión del 24 de septiembre se argumentó además que la falta de nuevos lineamientos no elimina las facultades existentes del Instituto ni las prohibiciones previstas en la legislación electoral para investigar actos anticipados.
Durante esa discusión se recordó que la jurisprudencia electoral exige un pronunciamiento previo de la autoridad competente sobre actos anticipados antes de que determinados gastos puedan incorporarse a los informes de precampaña o campaña.
Precampañas formales iniciarán el 4 de enero
Mientras continúa el debate sobre las actividades previas, el INE ya fijó las fechas oficiales para el proceso electoral federal.
Las precampañas para diputaciones federales comenzarán el 4 de enero de 2027 y concluirán el 12 de febrero, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo General.
También se estableció que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá informar, a más tardar el 26 de marzo de 2027, qué precandidaturas no presentaron sus respectivos informes de precampaña.
El contraste mantiene abierta la disputa en el árbitro electoral: mientras las reglas formales comenzarán a operar en enero, las actividades políticas adelantadas llevan meses desarrollándose y su fiscalización integral continúa bajo las normas ordinarias y los procedimientos actualmente disponibles.
Fiscalización, punto crítico de la contienda
La discusión cobra relevancia porque el propio INE reconoce que la fiscalización tiene como propósito identificar el origen y destino de los recursos utilizados por partidos, aspirantes, precandidaturas y candidaturas durante los procesos electorales.
La diferencia dentro del Consejo General radica en si esas herramientas son suficientes para atender actividades políticas realizadas meses antes de las precampañas oficiales o si se requieren reglas adicionales que permitan intervenir y conocer los gastos antes de que los electores acudan a las urnas.
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