La senadora priista Paloma Sánchez llevó este martes al Senado de la República más de 22 mil firmas ciudadanas para exigir que el legislador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez deje su escaño y enfrente sin fuero las acusaciones formuladas en su contra en Estados Unidos.
La entrega estuvo precedida por un bloqueo momentáneo al acceso de los ciudadanos y activistas que acompañaban a Sánchez. De acuerdo con los organizadores, pese a contar con autorización previa, personal de seguridad les impidió inicialmente ingresar al recinto legislativo. Minutos después se permitió su entrada y se atribuyó el incidente a una “confusión”.
Llevan al Senado reclamo contra Inzunza
Las firmas forman parte de una petición ciudadana promovida para solicitar la separación de Inzunza del cargo y avanzar en un procedimiento que permita retirarle el fuero.
El grupo acudió previamente a la Cámara de Diputados, donde presentó una solicitud de declaración de procedencia contra el senador. Posteriormente trasladó las firmas al Senado.
La activista Vania Pérez Morales, quien participó en la movilización, sostuvo que la exigencia no implica declarar culpable al legislador, sino reclamar que responda ante las autoridades estadounidenses sin la protección constitucional que actualmente conserva como senador.
Sánchez acusó a Morena de proteger políticamente a Inzunza y cuestionó que continúe ocupando un lugar en la Cámara Alta pese al proceso abierto en Estados Unidos.
EU acusa a Inzunza de narcotráfico y delitos con armas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de abril de 2026 que un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Inzunza, el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
A Inzunza se le imputan cargos por presunta conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.
La acusación estadounidense sostiene que los involucrados habrían colaborado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Las imputaciones forman parte de una acusación penal y no constituyen una sentencia; el propio Departamento de Justicia señala que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
Inzunza dejó Morena, pero conserva escaño
Enrique Inzunza dejó formalmente el grupo parlamentario de Morena a finales de agosto y actualmente ejerce como senador independiente.
El Pleno del Senado tomó conocimiento de su salida de la bancada el 8 de septiembre, después de que el legislador comunicara que continuaría desempeñando el cargo sin pertenecer al grupo parlamentario morenista.
Inzunza ha rechazado públicamente las acusaciones y ha sostenido que es víctima de una campaña de señalamientos. Al anunciar su separación de Morena argumentó que buscaba ejercer su defensa sin afectar al partido ni al Gobierno federal.
PRI aumenta presión sobre senador sinaloense
El choque de Paloma Sánchez con Inzunza escaló durante septiembre.
El pasado 8 de septiembre, la priista colocó sobre el escaño del senador expedientes, fichas de personas desaparecidas y notas relacionadas con homicidios, ataques armados, robo de vehículos y la crisis de seguridad en Sinaloa, mientras reclamaba que pidiera licencia para enfrentar las imputaciones estadounidenses.
Ahora la presión pasó de la tribuna a una petición ciudadana.
Con las más de 22 mil firmas entregadas este 29 de septiembre, Sánchez y los promoventes buscan trasladar el caso a un procedimiento institucional dentro del Congreso para determinar si existen condiciones legales para retirar el fuero al senador y permitir que responda a los señalamientos formulados en Nueva York.
El dato
El Departamento de Justicia estadounidense identifica a Enrique Inzunza Cázarez, de 53 años, como senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. La acusación federal contempla delitos relacionados con tráfico de narcóticos y armas; las imputaciones continúan siendo acusaciones sujetas a resolución judicial.
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