Las funerarias que retengan restos, cenizas o documentos de una persona fallecida como mecanismo de presión para exigir el pago de una deuda podrían recibir multas de hasta 4 millones 274 mil 960 pesos, de prosperar una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, de Movimiento Ciudadano, propuso modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer expresamente que los prestadores de servicios funerarios de uso inmediato no podrán retener restos humanos, cenizas ni documentación derivada de una controversia de pago.
La reforma plantea adicionar el artículo 65 Quáter y modificar el artículo 128 de dicha legislación.
Además de prohibir la retención, la propuesta establece nuevas obligaciones de información para las empresas funerarias.
Exigen presupuestos desglosados y autorización de cargos
De acuerdo con la iniciativa, los proveedores deberán entregar antes de la contratación un presupuesto escrito o electrónico que detalle los bienes y servicios básicos, conceptos opcionales, impuestos, derechos pagados a terceros y el costo total.
También deberán obtener el consentimiento expreso del consumidor para cualquier cargo adicional.
La propuesta establece que las funerarias deberán respetar la libre elección de bienes y servicios opcionales, exhibir sus precios, utilizar contratos previamente registrados e informar cualquier restricción sanitaria o técnica relacionada con el servicio.
Multas superarían los 4 millones de pesos
El incumplimiento de estas disposiciones podría ser sancionado con multas que irían de mil 93 pesos hasta 4 millones 274 mil 960 pesos.
Jiménez Zamora argumentó que la contratación de servicios funerarios ocurre generalmente en circunstancias que dificultan a las familias comparar opciones y revisar detalladamente las condiciones de los contratos.
“La contratación de un servicio funerario suele ocurrir en un momento de duelo, urgencia y alta vulnerabilidad emocional”, expuso.
La legisladora recordó que, en cuestión de horas, las familias deben resolver asuntos relacionados con traslado, preparación del cuerpo, velación, ataúd o urna, cremación, inhumación y otros servicios.
“Esa presión reduce la posibilidad de comparar precios, revisar cláusulas o distinguir lo indispensable de lo opcional”, señaló.
Detectan cargos no autorizados y ventas condicionadas
La diputada sostuvo que, pese a la regulación actualmente existente, persisten prácticas que requieren una protección más específica para los consumidores.
Entre ellas mencionó presupuestos globales sin desglose, cobros por conceptos no autorizados, condicionamiento del servicio básico a la adquisición de productos del mismo proveedor y retención de cenizas o documentos para presionar el pago.
La iniciativa pretende establecer reglas uniformes que reduzcan disputas entre empresas funerarias y usuarios.
Cobro de adeudos seguirá permitido
Jiménez Zamora aclaró que la propuesta no pretende impedir que las empresas reclamen judicialmente o por las vías correspondientes los pagos pendientes.
“El proveedor conserva las vías legales de cobro y puede exigir el pago en los términos contratados”, señaló.
Sin embargo, sostuvo que los prestadores no deben utilizar restos humanos, cenizas o documentos vinculados con una persona fallecida como una garantía frente a una deuda.
“Lo que no puede hacer es convertir elementos ligados a la dignidad de la persona fallecida y al duelo de la familia en garantía de hecho”, puntualizó.
Plantean reforzar derechos de familias en duelo
La legisladora aseguró que la reforma implicaría principalmente cambios administrativos para los proveedores, como ordenar los presupuestos, documentar autorizaciones y eliminar prácticas de condicionamiento.
“Son medidas organizativas que no requieren infraestructura pública adicional”, sostuvo.
De aprobarse, la reforma incorporaría directamente en la Ley Federal de Protección al Consumidor obligaciones específicas para uno de los servicios que las familias contratan bajo mayor presión emocional y de tiempo.
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