Una investigación del periódico REFORMA exhibió una presunta red de empresas fantasma vinculada con el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, exaspirante del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de San Luis Potosí, que recibió pagos por más de 2 mil 800 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) durante 2025, en operaciones bajo sospecha de irregularidades financieras y posibles esquemas de lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación periodística, el entramado involucra al menos tres compañías: Grupo Mineral & Logistic (GML), Safnat y Diazol, registradas fiscalmente en viviendas modestas de Tabasco y la Huasteca potosina, pese a facturar cantidades millonarias por presuntos servicios de maquila, suministro y transporte de productos químicos para instalaciones petroleras.
Uno de los movimientos más llamativos corresponde a Grupo Mineral & Logistic, empresa que incrementó su capital social mediante la exhibición de un cheque por 400 millones de pesos ante el notario público número 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón Silván.
Apenas 14 días después de esa operación, la compañía comenzó a emitir facturas por 12 millones de dólares al Instituto Mexicano del Petróleo, según los documentos citados por REFORMA.
La empresa tiene como socio principal a Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, quien figuraba como socio mayoritario hasta diciembre de 2025.
Otra de las compañías señaladas, Safnat, estableció su domicilio fiscal en una vivienda del municipio de Tanquián, San Luis Potosí, desde donde habría facturado 24.2 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 435 millones de pesos, al IMP.
En esta firma aparece como socio principal Hilario Sánchez Lara, mientras que anteriormente figuraba Sánchez Zumaya, empresario relacionado con Grupo GESA y señalado por sus vínculos con el senador morenista Adán Augusto López Hernández.
El caso de Diazol presenta otras irregularidades documentadas por el diario nacional. Constituida en 2024 a nombre de dos jóvenes tabasqueños, uno de los cuales fue reportado como desaparecido apenas 18 días después de crear la empresa, emitió facturas por aproximadamente 2 mil millones de pesos hasta marzo de 2026.
Sin embargo, pese al volumen millonario de operaciones con Safnat y Grupo Mineral & Logistic, Diazol únicamente reportó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) gastos fiscales por mil 197 pesos.
La investigación también retoma antecedentes de noviembre de 2024, cuando REFORMA documentó otra presunta red de jóvenes universitarios que figuraban como propietarios de empresas que facturaron aproximadamente 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.
Asimismo, señala que Grupo GESA facturó durante 2025 más de 3 mil millones de pesos a la empresa ROCA por servicios de transporte y arrendamiento de camiones cisterna.
En las operaciones aparece también Petroservicios Integrales México, propiedad de Héctor Peralta Grappin y Juan Carlos Guerrero Rojas, compañía que habría emitido facturas superiores a 88 millones de pesos a Grupo Mineral & Logistic.
La investigación periodística identifica además conexiones con el caso de presunto contrabando de combustibles atribuido a Roberto Blanco Cantú, conocido como «El Señor de los Buques», mediante la participación de Héctor Manuel Portales Ávila, quien fue secretario de administración de ROCA.
Portales Ávila, señalado entre las personas investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR), se convirtió en testigo colaborador y habría proporcionado información sobre supuestos acuerdos con autoridades y organizaciones criminales, así como pagos de sobornos relacionados con el contrabando de hidrocarburos mediante 31 embarcaciones.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el entorno empresarial de Sánchez Zumaya, lo que desencadenó una serie de recursos judiciales.
Según los registros citados por REFORMA, dos empresas y seis personas físicas promovieron demandas de amparo para impugnar las restricciones financieras.
Grupo Mineral & Logistic presentó el 2 de octubre un recurso contra el oficio SIARA UIFB/2026/002626, mediante el cual se notificó su incorporación a la lista de personas bloqueadas. No obstante, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa desechó la demanda porque su promovente no acreditó la representación legal de la compañía.
Entre quienes también recurrieron a la justicia federal aparecen Químicos Industriales Sazu, José Hilario y Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, José Manuel Ramón Hernández, Abner Severiano Maldonado, Christopher Castillo Valencia y José Rafael Castillo Valencia.
Los recursos impugnan, entre otras actuaciones, el acuerdo 247/2026 de la UIF, relacionado con las medidas de bloqueo de recursos financieros.
El escándalo adquirió dimensión política luego de que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, revelara que Gerardo Sánchez Zumaya se encuentra fuera de México tras el congelamiento de sus cuentas. El líder partidista sostuvo que el empresario es objeto de una persecución política, versión que no ha sido acreditada por una resolución judicial.
Sánchez Zumaya anunció el pasado 24 de septiembre su retiro de la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí rumbo a las elecciones de 2027, inicialmente bajo el argumento de motivos personales y familiares.
Los señalamientos documentados por REFORMA colocan bajo escrutinio las operaciones millonarias de compañías vinculadas con el empresario y sus relaciones comerciales con organismos del sector energético federal, mientras continúa la controversia judicial por el bloqueo de cuentas.
Hasta ahora, los reportes consultados no establecen que exista una sentencia condenatoria contra Sánchez Zumaya por lavado de dinero ni acreditan judicialmente que todas las operaciones señaladas constituyan delitos.
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