Cancelar un plan de telefonía celular antes de que termine el contrato podría dejar de representar un castigo económico para millones de mexicanos. El senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, presentó una iniciativa para prohibir que las compañías de telecomunicaciones cobren penalizaciones por la terminación anticipada del servicio, aun cuando el contrato incluya un equipo adquirido a crédito.
La propuesta establece que, en caso de existir un teléfono financiado, las empresas únicamente podrán exigir el pago del saldo pendiente del dispositivo, sin imponer multas o cargos adicionales por cancelar el servicio.
Durante la sesión del Senado del 21 de octubre, Ostoa Ortega advirtió que las compañías han normalizado prácticas contractuales que, a su juicio, limitan la libertad de los consumidores para cambiar de proveedor.
La reforma, que beneficiaría a 24.8 millones de usuarios de telefonía de pospago, según estimaciones del legislador, también busca impedir que las empresas exijan fianzas, depósitos en garantía u otros respaldos económicos para contratar, mantener o renovar sus servicios.
Van contra penalizaciones y cobros anticipados de telefonía
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de establecer límites a los cobros que las compañías pueden imponer a sus clientes.
Entre los cambios propuestos destaca que las cláusulas contractuales que contemplen multas o sanciones económicas por cancelar anticipadamente un servicio sean consideradas nulas, salvo las obligaciones relacionadas con el financiamiento de equipos.
También se busca prohibir que los operadores condicionen el acceso a sus servicios a la entrega de depósitos, fianzas o garantías financieras.
“Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas que durante años se normalizaron en nuestro país por parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil”, sostuvo el senador.
Sólo pagarían el saldo pendiente del celular
Ostoa Ortega señaló que la reforma parte de un principio fundamental: ningún consumidor debe ser obligado a pagar por servicios que ya no recibe.
“Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”, afirmó.
Explicó que, si un cliente contrata un plan acompañado de un teléfono financiado y decide cancelarlo antes del plazo establecido, su única obligación económica relacionada con la terminación sería cubrir el monto que todavía adeude por el aparato.
De esta manera, las compañías no podrían aplicar penalizaciones adicionales por la decisión del usuario de cambiar de operador o abandonar el servicio.
Buscan eliminar fianzas y depósitos en garantía
El morenista también cuestionó que las empresas de telecomunicaciones exijan garantías económicas antes de prestar sus servicios, al considerar que estas condiciones colocan a los consumidores en una situación de desventaja contractual.
“Cada año, millones de mexicanos son castigados económicamente por cancelar un servicio, se les cobra por irse o por elegir otra opción, pero también son obligados a constituir fianzas, pagar primas anuales o depósitos en garantía y se les señala como deudores antes que como clientes”, denunció.
El proyecto pretende impedir que los proveedores utilicen estos mecanismos como requisito para contratar, renovar o mantener activos los servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, contempla fortalecer la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la revisión de los contratos de adhesión, a fin de evitar cláusulas contrarias a las nuevas disposiciones.
Reforma beneficiaría a 24.8 millones de usuarios
De acuerdo con Ostoa Ortega, las modificaciones permitirían fortalecer los derechos de los consumidores y favorecer la competencia entre las empresas, al eliminar obstáculos económicos para quienes decidan contratar otro servicio.
El legislador sostuvo que la propuesta busca garantizar condiciones contractuales más equitativas y evitar que las compañías impongan obligaciones desproporcionadas a sus clientes.
¿Cuándo se eliminarían las multas por cancelar planes celulares?
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado, donde deberá ser analizada y dictaminada.
La eliminación de las penalizaciones todavía no está aprobada, por lo que los cambios propuestos no entrarán en vigor mientras no concluya el proceso legislativo correspondiente.
De avanzar la reforma, las compañías tendrían que ajustar sus contratos para permitir que los usuarios cancelen anticipadamente sus planes sin pagar multas por la terminación del servicio, aunque deberán liquidar cualquier saldo pendiente por los equipos financiados.
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