Empresas que competían por contratos públicos terminaban haciendo negocios entre ellas. La ganadora subcontrataba a una de sus supuestas rivales. Ese es uno de los mecanismos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su investigación sobre posibles irregularidades en las adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790.3 millones correspondieron a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Durante la presentación de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, el funcionario expuso un esquema de presunta colusión, vínculos entre empresas y servidores públicos, así como operaciones relacionadas con factureras.
Exhibe ASF mecanismo para obtener contratos del INE
Uno de los hallazgos más relevantes apunta a la posible simulación de competencia en licitaciones públicas.
De acuerdo con Hernández Palacios, empresas pertenecientes a los mismos grupos participaban en los procedimientos de contratación y, una vez adjudicado el contrato, la ganadora subcontrataba a otra de las participantes.
La ASF investiga si ese mecanismo permitió establecer barreras a la competencia, influir en los precios y favorecer determinadas adjudicaciones en perjuicio de los recursos públicos.
El auditor también informó que fueron identificadas compañías con una capacidad laboral aparentemente incompatible con sus operaciones comerciales.
Algunas facturaban cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores registrados; otras no tenían ninguno.
Detectan operaciones relacionadas con factureras
La investigación encontró, además, operaciones por 21.3 millones de pesos con empresas dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por sus relaciones con factureras.
También se detectó que una de las empresas analizadas se encontraba suspendida en el padrón de importadores.
Los hallazgos forman parte de las líneas de investigación de la ASF para determinar si existieron triangulaciones de recursos, conflictos de interés o acuerdos entre proveedores para obtener contratos públicos.
El órgano fiscalizador identificó igualmente conexiones entre los dos grupos empresariales investigados, distintas compañías y personas servidoras públicas.
Investigan contratos millonarios en organismos electorales
Las indagatorias no se limitan al INE. También abarcan contratos celebrados con organismos electorales locales en distintas entidades federativas.
Entre los montos reportados por contratos de estos grupos empresariales destacan Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones, y Nuevo León, con 253.9 millones.
También aparecen Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y Yucatán.
Según información difundida por El Universal, los contratos relacionados con los grupos investigados en el INE representarían aproximadamente 430 millones de pesos.
La ASF busca determinar si los procedimientos de contratación fueron utilizados para aparentar competencia y garantizar adjudicaciones a determinadas empresas.
Amplía ASF investigación tras renuncia de Taddei
Las revelaciones ocurren después de que Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés y vínculos con proveedores del organismo electoral.
Antes de su salida, la entonces consejera presidenta había manifestado su disposición a colaborar con la investigación de la ASF y del Órgano Interno de Control.
La Auditoría informó que utilizará sus facultades de investigación para esclarecer los hechos, preservar las pruebas y, en su caso, promover las acciones legales correspondientes.
Las indagatorias continúan abiertas y los indicios expuestos no constituyen todavía una determinación definitiva de daño patrimonial ni de responsabilidades administrativas o penales.
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