El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició procedimientos de responsabilidad administrativa contra cinco servidores públicos por presuntas faltas graves y detectó una red de cinco empresas vinculadas entre sí que concentraron contratos por 2 mil 461 millones de pesos en el mercado de material electoral.
Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras reveló que existen 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en contrataciones del organismo, de los cuales 13 permanecen bajo investigación y cinco ya derivaron en imputaciones administrativas formales.
El funcionario también advirtió sobre presuntos esquemas de simulación de competencia entre proveedores que, desde 2014, habrían concentrado el 77 por ciento del mercado de materiales electorales examinado en organismos públicos locales.
Las investigaciones involucran posibles conflictos de interés, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, daño patrimonial y ocultamiento de relaciones entre funcionarios y empresas contratistas.
Imputan a cinco funcionarios por presuntas faltas graves
Carvente Contreras informó que los cinco servidores públicos ya fueron citados a sus audiencias iniciales, por lo que enfrentan formalmente procedimientos de responsabilidad administrativa.
“Tenemos alrededor de 18 expedientes. De esos 18 expedientes, 13 se encuentran en investigación y cinco ya se encuentran en procedimiento de responsabilidades”, explicó.
El contralor precisó que, entre los expedientes abiertos, se identificaron posibles actuaciones bajo conflicto de interés y ocultamiento de relaciones que debieron declararse.
De las investigaciones en curso, ocho derivaron de hallazgos previamente detectados por el área de Auditoría del propio Instituto.
Aclaró que el OIC puede investigar y sustanciar procedimientos, pero corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolver sobre las faltas graves e imponer las sanciones correspondientes.
Las imputaciones administrativas no constituyen todavía resoluciones definitivas de responsabilidad.
Exhiben red de cinco empresas que acaparó contratos electorales
El titular del OIC identificó a cinco compañías que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, mantuvieron relaciones societarias y participación recurrente en contrataciones de material electoral entre 2014 y 2025.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.
Carvente Contreras detalló que acumularon operaciones por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos y concentraron el 77 por ciento del mercado examinado de materiales electorales.
Señaló que algunas comparten representantes legales, socios y apoderados, además de participar conjuntamente en licitaciones en las que aparentemente competían entre sí.
Entre los nombres identificados mencionó a José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con Cajas Graf y Seriplast.
“Estamos ante un escenario de colusión o, bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, explicó.
Según el contralor, Cajas Graf y Formas Finas participaron conjuntamente en 24 procedimientos; mientras que Cajas Graf, Formas Finas y Corporativo Zeg coincidieron en 15.
Advirtió que esta concentración podría haber permitido establecer precios artificialmente elevados y restringir la competencia efectiva en contrataciones de organismos electorales estatales.
Los hallazgos forman parte de investigaciones administrativas y no representan, por sí solos, una determinación definitiva de colusión o responsabilidad penal.
Revelan posible sobreprecio de 26 millones en urnas del INE
Contraloría calcula penalización millonaria que se redujo a 26 mil pesos
Uno de los contratos señalados corresponde al INE 007-2025, para adquirir urnas electorales genéricas y mamparas especiales destinadas al proceso electoral extraordinario.
La contratación estableció un monto mínimo de 165 millones de pesos y un máximo de 198 millones.
De acuerdo con Carvente Contreras, la adjudicación se realizó por una cantidad 26 millones de pesos superior a la propuesta presentada por Talleres Gráficos de México.
El contralor sostuvo que se detectaron irregularidades en la investigación de mercado que pudieron favorecer a una empresa determinada.
Además, señaló deficiencias en la acreditación de capacidad técnica, económica y operativa del proveedor, así como modificaciones a su objeto social apenas tres días antes de la contratación.
Una de las observaciones más relevantes corresponde a las penalizaciones por retrasos en la entrega del material electoral.
Según el funcionario, el OIC estimó que las penas convencionales pudieron ascender a más de 40 millones de pesos; sin embargo, el Instituto determinó aplicar una sanción de apenas 26 mil pesos.
La diferencia forma parte de las irregularidades examinadas para establecer si existió un perjuicio económico para el organismo.
Investigan contrato de voto electrónico por 48.5 millones
Carvente Contreras también informó sobre hallazgos en una contratación adjudicada a Comercializadora JVLY por 48 millones 569 mil 782 pesos.
El contrato correspondía a servicios integrales para el sistema de voto electrónico por internet de mexicanos residentes en el extranjero.
El contralor explicó que uno de los primeros indicios de riesgo fue que la empresa históricamente se había dedicado al suministro de material electoral, y no a la prestación de servicios tecnológicos de esa naturaleza.
Durante la revisión se detectaron inconsistencias en documentación fiscal y de seguridad social.
Entre ellas, una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales presentada antes de formalizar el contrato que, según el OIC, correspondía a otra empresa.
También mencionó observaciones relacionadas con la acreditación de requisitos de contratación.
Detectan pagos indebidos por 25.7 millones en contrato de 2021
El contralor aclaró que las investigaciones no se limitan a la administración de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, sino que abarcan contrataciones de gestiones anteriores.
Como ejemplo presentó una auditoría sobre un contrato adjudicado en 2021 por 372 millones 695 mil pesos, relacionado con herramientas tecnológicas y software de digitalización y monitoreo.
La revisión identificó 25 millones 787 mil pesos en pagos considerados indebidos, cuyo reintegro deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Entre las anomalías destacan diferencias entre las licencias de software contratadas y las registradas, además de 677 reportes sin atención ni penalización.
Carvente Contreras sostuvo que estas observaciones muestran que los problemas de contratación no corresponden exclusivamente a una administración, sino que tienen antecedentes de varios años.
Sancionan a proveedora por incumplir entrega de chalecos
El titular del OIC reportó una sanción ya impuesta contra la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V., por incumplimientos en la entrega de prendas contratadas por el INE.
El proveedor tenía la obligación de entregar 25 mil 302 chalecos, pero únicamente suministró dentro del plazo establecido 7 mil 267, dejando pendientes 18 mil 35.
Como resultado, la empresa recibió una inhabilitación y una sanción económica.
Carvente Contreras utilizó este caso para señalar que las auditorías no solamente generan observaciones, sino que también pueden derivar en procedimientos y sanciones.
Exigen diputados investigar a funcionarios y proveedores
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, sostuvo que la comparecencia no tenía como propósito debilitar al organismo electoral, sino exigir transparencia sobre el manejo de los recursos públicos.
“Esta comparecencia no es una cacería de brujas, pero tampoco va a ser un mero trámite”, advirtió.
El legislador pidió aclarar qué irregularidades fueron identificadas durante la administración de Guadalupe Taddei, qué acciones preventivas realizó el OIC y si existen herramientas suficientes para detectar posibles acuerdos entre funcionarios y proveedores.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, pidió investigar a fondo las contrataciones del sistema electoral y deslindar responsabilidades conforme al debido proceso.
“El corrupto y el corruptor tienen que rendir cuentas ante la ley y ante la justicia”, sostuvo.
Morena y oposición piden ampliar las investigaciones
Desde Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar planteó convocar a las autoridades de competencia económica para revisar posibles acuerdos entre empresas participantes en licitaciones.
La diputada Claudia Rivera Vivanco exigió investigaciones exhaustivas y sanciones cuando se acrediten irregularidades.
Por el PAN, Kenia López Rabadán reclamó preservar la autonomía del INE y utilizar las facultades del órgano de control para impedir daños patrimoniales.
Héctor Saúl Téllez Hernández pidió al contralor revelar si recibió presiones externas del Gobierno, del Congreso o de particulares.
Desde el PRI, Emilio Suárez Licona y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla exigieron fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos de interés y garantizar que las investigaciones produzcan resultados.
Movimiento Ciudadano, mediante Claudia Gabriela Salas Rodríguez, propuso una mesa de trabajo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras Irais Virginia Reyes De la Torre pidió esclarecer si existen investigaciones relacionadas directamente con Guadalupe Taddei.
Advierte OIC que corrupción en contrataciones es problema estructural
Carvente Contreras reconoció que los contratos de material electoral que han concentrado la atención pública representan solamente el cuatro por ciento de las contrataciones del INE, por lo que advirtió que las revisiones deben abarcar también el resto de las adquisiciones institucionales.
El funcionario explicó que la concentración de proveedores no se limita al Instituto, sino que involucra a organismos electorales locales y se ha desarrollado a lo largo de distintas administraciones.
Por ello, propuso establecer una política nacional de regulación de contrataciones electorales, una estrategia coordinada de fiscalización y un padrón de integridad empresarial.
Consideró necesario fortalecer la colaboración entre el OIC del INE, los órganos de control de los OPLES, las auditorías estatales y la Auditoría Superior de la Federación.
“Debe haber un cambio estructural en la forma en la que se conduce administrativamente el INE”, afirmó.
El contralor insistió en que las investigaciones deberán respetar la reserva legal de expedientes, las garantías procesales y la presunción de inocencia de los involucrados.
La comparecencia dejó abiertas las investigaciones sobre posibles acuerdos entre proveedores y funcionarios, mientras cinco servidores públicos ya enfrentan procedimientos formales por presuntas faltas administrativas graves.
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