Las restricciones a las viviendas turísticas en la Ciudad de México encendieron las alertas del sector ante la revisión que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de las reglas que limitan la operación del hospedaje temporal mediante plataformas digitales como Airbnb.
La Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) advirtió que mantener el límite de ocupación del 50 por ciento anual, junto con requisitos administrativos difíciles de cumplir, podría afectar la actividad económica, desalentar inversiones y poner en riesgo fuentes de ingreso de familias y pequeños negocios.
La advertencia ocurre después de que el máximo tribunal acordara asumir el análisis de disposiciones vinculadas con las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs), en una controversia que enfrenta la libertad de comercio y el derecho de propiedad con las medidas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda y combatir la gentrificación.
Sean Cázares Ahearne, director general de AMVITUR, sostuvo que el sector no rechaza la regulación, pero exige reglas sustentadas en criterios técnicos, proporcionales y que puedan cumplirse.
“Estamos a favor de la regulación. Pero regular no debe significar impedir que una actividad económica legítima pueda operar”, señaló el dirigente empresarial.
Viviendas turísticas aportan 133 mil millones de pesos a México
La relevancia económica de la controversia trasciende a la capital del País.
De acuerdo con estimaciones recopiladas por AMVITUR, las viviendas turísticas representan alrededor del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) turístico nacional, equivalente a 133 mil millones de pesos.
La organización estima que esta actividad genera oportunidades de ingreso para aproximadamente 160 mil familias en México, además de sostener empleos y servicios relacionados con limpieza, mantenimiento, administración de inmuebles, transporte y comercio local.
Las cifras corresponden a estimaciones nacionales difundidas por la asociación y no representan una cuantificación de las pérdidas que ocasionaría la regulación capitalina.
En este contexto, AMVITUR alertó que las restricciones podrían deteriorar la competitividad turística de la Ciudad de México y reducir las oportunidades de negocio para quienes participan formalmente en el mercado del hospedaje temporal.
SCJN analizará límite de ocupación del 50% en Airbnb
El pasado 28 de octubre se informó que el Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad la solicitud de reasunción de competencia 173/2026, relacionada con un amparo contra disposiciones de la Ley de Turismo de la Ciudad de México.
Entre los puntos sujetos a revisión se encuentran el límite de ocupación del 50 por ciento anual y las restricciones sobre el número de inmuebles que pueden ofrecer los anfitriones.
El análisis permitirá determinar si las medidas respetan derechos constitucionales como la libertad de comercio, la propiedad y la libre competencia, frente a la obligación del Estado de proteger el acceso a una vivienda digna.
La decisión de revisar el asunto no significa que la Corte haya declarado inconstitucionales las restricciones.
Advierten trabas para registrar viviendas turísticas
AMVITUR también cuestionó las dificultades administrativas previstas en la legislación capitalina.
La asociación explicó que, a partir del cuarto inmueble registrado, se exige una clave de establecimiento mercantil, aunque el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) carece, según el organismo, de una clasificación específica para viviendas turísticas.
Esta situación, sostuvo, genera incertidumbre jurídica y dificulta el cumplimiento de las obligaciones por parte de operadores que buscan trabajar dentro de la legalidad.
Además, advirtió que superar el umbral de ocupación establecido puede impedir la renovación del registro de un inmueble, aunque su propietario cumpla con los demás requisitos fiscales, administrativos y de seguridad.
Enfrenta CDMX debate por turismo, vivienda y gentrificación
La controversia también exhibe las diferencias sobre el impacto de las plataformas de hospedaje en el mercado inmobiliario capitalino.
Según cifras difundidas por AMVITUR, en la Ciudad de México existen aproximadamente 25 mil 759 viviendas turísticas activas, equivalentes al 0.8 por ciento del parque habitacional, mientras que alrededor de 207 mil viviendas permanecen deshabitadas.
El organismo sostiene que el encarecimiento de las rentas no puede atribuirse exclusivamente al alojamiento turístico, pues también intervienen la insuficiente construcción de vivienda, la especulación inmobiliaria y las condiciones particulares de cada colonia.
Sin embargo, estas cifras agregadas no descartan que la concentración de alojamientos temporales contribuya a presionar los precios en zonas específicas.
Por su parte, el Gobierno encabezado por Clara Brugada ha defendido la necesidad de combatir la especulación inmobiliaria, evitar el desplazamiento de habitantes y fortalecer los mecanismos de protección para los inquilinos.
La administración capitalina también impulsa medidas para regular las plataformas digitales de hospedaje, como parte de su estrategia contra la gentrificación.
Piden reglas que no castiguen actividad formal
Ante este escenario, AMVITUR llamó a revisar la proporcionalidad de las restricciones y establecer mecanismos que permitan supervisar la seguridad de los inmuebles, proteger la convivencia vecinal y garantizar el cumplimiento de la legislación sin impedir la operación turística.
La discusión en la Suprema Corte será relevante para definir los alcances constitucionales de las medidas que buscan contener la expansión de las rentas de corta estancia.
El desafío será equilibrar dos objetivos: proteger el derecho a la vivienda de los residentes de la capital y preservar una actividad económica que genera ingresos, inversiones y servicios.
Por ahora, el sector turístico mantiene su exigencia de certeza jurídica mientras la Corte se prepara para examinar las restricciones.
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