Una jueza federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con la que se frena la apertura del juicio oral en su contra por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante ferrotanques, esquema conocido como huachicol fiscal.
La resolución representa un nuevo beneficio judicial para el exmandatario, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de importación ilegal de hidrocarburos.
Sin embargo, la suspensión no cancela la vinculación a proceso, tampoco significa que Ruffo haya sido exonerado ni extingue las acusaciones de la Fiscalía.
Suspensión definitiva impide abrir juicio oral contra Ruffo
La determinación fue dictada por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro del juicio de amparo 1085/2026.
El recurso fue promovido por la defensa del exgobernador contra el auto de vinculación a proceso emitido en julio por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.
Con la suspensión definitiva, la causa penal queda detenida en la etapa intermedia, sin que pueda dictarse el auto de apertura a juicio oral hasta que se resuelva el fondo del amparo.
La decisión no constituye una sentencia sobre la inocencia o culpabilidad del exgobernador.
FGR acusa a Ernesto Ruffo de contrabando millonario de combustible
La FGR señala al exmandatario como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa presuntamente involucrada en la introducción irregular de gasolina y diésel a territorio nacional.
De acuerdo con las investigaciones federales difundidas, las operaciones habrían utilizado ferrotanques para transportar combustible y evadir obligaciones fiscales, mediante un esquema que las autoridades vinculan con la delincuencia organizada.
La acusación atribuye a la red un presunto daño al erario de hasta 4 mil millones de pesos, cifra que forma parte de los señalamientos de la Fiscalía y no de una responsabilidad judicialmente acreditada.
Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso por los delitos imputados. Semanario
Ernesto Ruffo permanece bajo prisión domiciliaria en Ensenada
El político panista, de 74 años, cumple actualmente la medida cautelar de prisión preventiva en su domicilio de Ensenada, bajo vigilancia de la Guardia Nacional.
Su traslado fue autorizado el 25 de septiembre, después de permanecer aproximadamente dos meses y medio recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
La modificación de la medida cautelar respondió a su edad y condiciones de salud, sin implicar la terminación del procedimiento penal.
FGR ya había impugnado otra suspensión
El caso ha enfrentado diversos recursos judiciales. A principios de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca declaró infundada una queja promovida por la FGR contra una suspensión otorgada previamente al exgobernador.
La Fiscalía sostenía que detener el avance del procedimiento afectaba el interés social debido a la gravedad de los delitos investigados, argumento que no prosperó ante los magistrados.
Posteriormente, el expediente quedó bajo conocimiento de la jueza Lazalde Íñiguez, quien también había intervenido en otro amparo relacionado con la solicitud de prisión domiciliaria.
Con la nueva resolución, la disputa jurídica se concentra en la validez del auto de vinculación a proceso. Mientras no exista una sentencia de fondo que determine lo contrario, la acusación federal contra Ruffo permanece vigente y el juicio oral no podrá comenzar.
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