Para evitar que las personas con discapacidad permanente deban comprobar una y otra vez una condición irreversible, la diputada federal Claudia Selene Ávila Flores, de Morena, propuso crear un certificado único vitalicio que elimine las renovaciones periódicas y facilite el acceso a pensiones y programas sociales del Gobierno.
La iniciativa plantea reformar el artículo 389 Bis 2 de la Ley General de Salud para establecer el Certificado Vitalicio Único de Discapacidad Permanente, documento que permitiría acreditar de manera definitiva esta condición ante instituciones públicas, sin someter a los beneficiarios a trámites reiterados.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 29 de septiembre de 2026 y turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, busca reducir las barreras administrativas que dificultan el ingreso y permanencia de personas con discapacidad en esquemas de asistencia social.
Buscan acabar con trámites repetidos para acceder a pensiones
Ávila Flores advirtió que las personas con discapacidad permanente enfrentan obstáculos burocráticos para obtener apoyos gubernamentales, debido a que distintas instituciones les exigen renovar constancias médicas, incluso cuando su condición ha sido reconocida como irreversible.
La legisladora consideró innecesario que quienes viven con una discapacidad definitiva deban acreditar periódicamente una situación que no desaparecerá, particularmente cuando estos procedimientos representan gastos, traslados y dificultades adicionales para las familias.
Con la modificación legal, el documento tendría carácter vitalicio y serviría para acreditar la discapacidad permanente ante las dependencias encargadas de operar programas de apoyo social.
La propuesta pretende facilitar trámites relacionados con las pensiones del Bienestar y otros subsidios gubernamentales, aunque la expedición del certificado no implicaría, por sí sola, la asignación automática de recursos, pues los beneficiarios tendrían que cumplir los requisitos de cada programa.
Acusan obstáculos burocráticos y falta de coordinación institucional
En la exposición de motivos, la diputada de Morena señaló que existen dependencias facultadas para expedir documentación sobre discapacidad que, debido a deficiencias de coordinación, capacitación o desconocimiento de sus responsabilidades, generan demoras e incluso niegan la atención a los solicitantes.
Estas prácticas, sostuvo, complican el ejercicio de derechos y pueden excluir de los programas sociales a personas que necesitan asistencia económica para enfrentar condiciones de vulnerabilidad.
La legisladora advirtió que la situación se agrava en hogares afectados simultáneamente por desempleo, falta de ingresos, limitadas oportunidades educativas y dificultades de acceso a servicios básicos.
A su juicio, eliminar las renovaciones innecesarias permitiría que más personas accedan a los apoyos del Estado y evitaría que los procedimientos administrativos se conviertan en un obstáculo para ejercer sus derechos.
Certificado vitalicio incluiría CURP y reconocimiento médico
La reforma establece que el certificado deberá ser expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria, conforme a la legislación vigente y los tratados internacionales suscritos por México.
También deberá contener la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario, a fin de vincular el documento con su identidad.
Actualmente, el artículo 389 Bis 2 de la Ley General de Salud ya regula la expedición de certificados de discapacidad y establece la inclusión de la CURP. Por ello, el cambio sustancial de la propuesta consiste en reconocer expresamente el carácter único y vitalicio de la certificación cuando se trate de discapacidad permanente.
Reforma busca facilitar acceso a pensiones del Bienestar
Ávila Flores sostuvo que la simplificación de los trámites contribuiría a fortalecer la inclusión social y evitar que las personas beneficiarias sean rechazadas por carecer de constancias recientemente renovadas.
Sin embargo, la iniciativa deberá ser analizada por la Comisión de Salud y posteriormente, en su caso, discutida y votada por el Congreso de la Unión.
La propuesta se suma al marco de certificación de discapacidad existente en México, regulado también por la NOM-039-SSA-2023, vigente desde el 31 de julio de 2024.
De aprobarse, la modificación legal buscaría que una discapacidad reconocida como permanente no tenga que acreditarse repetidamente ante las instituciones, con el propósito de reducir cargas burocráticas y facilitar el ejercicio de derechos.
En México, 9.5 millones de personas viven con discapacidad
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 había 9.5 millones de personas con discapacidad en México, equivalentes al 7.3 por ciento de la población nacional.
El organismo también reportó que solamente el 30.3 por ciento de las personas con discapacidad de entre 18 y 70 años recibió algún apoyo económico o programa gubernamental, lo que evidencia las limitaciones en la cobertura de estos esquemas. INEGI
Además, la normativa vigente permite que el Certificado Electrónico de Discapacidad tenga una duración de uno a cinco años, según la valoración de profesionales autorizados. La reforma propuesta pretende eliminar esa temporalidad en los casos de discapacidad permanente.
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