El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figura nuevamente entre los principales depredadores de la libertad de prensa en el mundo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), que advirtió sobre la violencia ejercida por organizaciones criminales para amenazar, intimidar y silenciar a periodistas en México.
En su lista anual de 2026, publicada este lunes con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la organización incluyó al CJNG y otros cárteles mexicanos en la categoría de seguridad, dentro de una relación de 33 actores señalados por sus ataques contra periodistas y medios de comunicación.
La advertencia apunta especialmente a los comunicadores locales que investigan actividades del narcotráfico, corrupción gubernamental, inseguridad y presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales, quienes enfrentan mayores riesgos de amenazas, agresiones y asesinatos.
El señalamiento ocurre en un país donde, según RSF, 169 periodistas han sido asesinados en los últimos 20 años y el 99 por ciento de estos crímenes no ha sido esclarecido por completo, un escenario que evidencia la magnitud de la impunidad y las deficiencias de las instituciones encargadas de proteger a la prensa. RSF
CJNG y crimen organizado imponen silencio mediante la violencia
La inclusión del CJNG entre los depredadores del periodismo no es nueva. En 2025, RSF ya había identificado a la organización criminal como una de las amenazas más graves contra la libertad de información en México, por su capacidad para ejercer violencia e intimidación en distintas regiones del territorio nacional.
En aquella evaluación, la organización señaló que tres periodistas —José Carlos González Herrera, Kristian Zavala y Calletano de Jesús Guerrero— fueron asesinados en zonas donde operaba el cártel, mientras cubrían asuntos relacionados con el narcotráfico, la seguridad pública o la corrupción local.
Sin embargo, que los homicidios ocurrieran en territorios con presencia del CJNG no acredita, por sí solo, la responsabilidad directa de esa organización en cada asesinato.
La amenaza contra el ejercicio periodístico volvió a manifestarse el 22 de febrero de 2026, cuando integrantes de organizaciones criminales agredieron, amenazaron o despojaron de sus equipos a reporteros que cubrían los hechos violentos posteriores al operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del CJNG.
RSF documentó ocho casos de agresiones durante esa jornada y exigió investigaciones eficaces y medidas urgentes de protección para quienes informan sobre las actividades del crimen organizado.
Periodistas locales, los más vulnerables ante los cárteles
El riesgo aumenta para los periodistas que trabajan fuera de las grandes ciudades, donde la presencia del crimen organizado y las posibles redes de complicidad con funcionarios públicos dificultan la cobertura informativa.
Un informe de RSF publicado el 20 de octubre reveló que, de los 169 periodistas asesinados en México desde 2006, 166 ejercían el periodismo local, equivalentes al 98 por ciento de las víctimas.
Además, el 59 por ciento investigaba temas vinculados con el crimen organizado, mientras que el 46 por ciento cubría asuntos políticos.
Los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas concentran la mitad de los homicidios documentados durante las últimas dos décadas.
Impunidad protege a agresores y amenaza libertad de prensa
La organización internacional advirtió que la violencia contra periodistas no puede explicarse únicamente por la actuación de los grupos criminales, pues también intervienen las deficiencias institucionales, la corrupción y la falta de investigaciones que permitan identificar a quienes ordenan las agresiones.
De los 169 homicidios registrados, en 168 no se ha logrado esclarecer completamente el móvil o identificar a los autores intelectuales, según la metodología de RSF.
La organización también documentó que al menos 34 periodistas fueron torturados antes de ser asesinados, lo que muestra el uso de violencia extrema como mecanismo de intimidación.
Las amenazas han provocado además la aparición de zonas de silencio, donde medios de comunicación y reporteros enfrentan restricciones impuestas por grupos criminales sobre los asuntos que pueden investigar y publicar.
RSF exige al Gobierno mexicano frenar ataques a periodistas
Frente a este panorama, Reporteros Sin Fronteras pidió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementar una respuesta nacional de emergencia para detener la violencia contra comunicadores.
Entre las medidas planteadas se encuentran fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales e investigar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenan los asesinatos.
El organismo sostuvo que combatir a las organizaciones criminales sin desarticular las redes de complicidad que permiten las agresiones resulta insuficiente para garantizar el ejercicio del periodismo.
La permanencia del CJNG y otros cárteles mexicanos en la lista de depredadores de la libertad de prensa de 2026 coloca nuevamente bajo atención internacional la seguridad de los periodistas y la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de la sociedad a estar informada.
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