Las leyes destinadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres resultan insuficientes si no cuentan con presupuesto para aplicarse, advirtió la diputada Ana Erika Santana González (PVEM), quien exigió fortalecer los refugios, garantizar el acceso a la justicia y establecer protocolos efectivos de protección a las víctimas.
Durante el foro “Día Naranja”, realizado en la Cámara de Diputados, la legisladora sostuvo que los avances legales deben traducirse en políticas públicas con financiamiento, mecanismos de evaluación y resultados verificables, ante las condiciones de impunidad y desprotección que todavía enfrentan las mujeres.
“Desde aquí, desde la Cámara de Diputados, debemos seguir impulsando leyes, pero también políticas públicas que nos representen a todas, programas con presupuesto, porque leyes y programas que no traen recurso para implementarlos son letra muerta”, afirmó.
Santana González señaló que no basta con aprobar disposiciones legales si las instituciones carecen de recursos, personal capacitado y herramientas para intervenir oportunamente en situaciones de riesgo.
Por ello, planteó revisar los mecanismos de rendición de cuentas y las evaluaciones de los programas públicos para determinar si realmente garantizan la seguridad de las mujeres.
Advierten déficit de refugios para mujeres en Baja California
La diputada expuso que, pese a los avances en la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia en Baja California, su disponibilidad continúa siendo insuficiente para atender las necesidades de la población.
Consideró necesario contar con al menos un refugio en cada uno de los siete municipios de la entidad y ampliar la cobertura en ciudades con alta concentración poblacional, como Tijuana.
“En cada municipio debería de haber mínimo uno, y en ciudades como Tijuana (…) debería haber más de una o de dos”, sostuvo.
También propuso fortalecer los protocolos de denuncia, actuación y protección, de manera que las víctimas puedan solicitar ayuda sin temor y recibir atención inmediata de las autoridades.
“Pues tienen que tener protocolos también, protocolos de denuncias donde las personas no tengan miedo, protocolos de actuación para poder intervenir en ese momento”, señaló.
La legisladora agregó que las medidas institucionales deben incluir acompañamiento psicológico para atender las consecuencias de la violencia y evitar que las víctimas enfrenten solas los procedimientos legales.
Reportan más de 120 espacios seguros para víctimas en Cuauhtémoc
Juliana Campos, directora de la Fundación Corazón Naranja, informó que la organización impulsa programas de capacitación, orientación y canalización para prevenir distintas manifestaciones de violencia.
Destacó el programa Corazón Seguro, anteriormente denominado Puntos Naranja, mediante el cual establecimientos comerciales y espacios públicos son habilitados como lugares donde las personas pueden solicitar ayuda ante una situación de riesgo.
“Aquí en la Ciudad de México, en varias alcaldías ya tenemos Corazones Seguros. Una de ellas, en la Alcaldía Cuauhtémoc, contamos con más de 120 espacios seguros”, detalló.
Campos también presentó la iniciativa “Voces Sin Filtro”, orientada a fortalecer el activismo y promover la coordinación entre autoridades, organizaciones civiles, empresas y ciudadanía.
Subrayó que la prevención de la violencia requiere una respuesta conjunta y no puede depender exclusivamente de las instituciones gubernamentales.
Víctima de violencia vicaria exige justicia sin revictimización
Durante el encuentro, Nelly Rosendo, integrante de la Fundación Corazón Naranja, destacó la necesidad de garantizar orientación jurídica y acompañamiento a quienes enfrentan situaciones de violencia, particularmente violencia vicaria.
“Creemos que ninguna persona debería sentirse desprotegida por falta de orientación jurídica”, manifestó.
Por su parte, Alondra Itzel López Bermúdez compartió su experiencia como víctima de violencia vicaria y pidió a las autoridades reforzar los mecanismos de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
“Necesitamos prevención real, atención que no revictimice y leyes que se apliquen con perspectiva de género y con el interés superior de las niñas en el centro”, expresó.
Su testimonio puso sobre la mesa la necesidad de evitar que los procedimientos institucionales prolonguen el sufrimiento de las víctimas o generen nuevas condiciones de vulnerabilidad.
Piden pasar de leyes y discursos a medidas de protección
Al concluir el foro, Santana González insistió en que la prevención de la violencia contra las mujeres requiere compromisos institucionales respaldados por recursos públicos, protocolos efectivos y mecanismos de vigilancia sobre su aplicación.
Afirmó que el reto legislativo consiste en lograr que las normas se traduzcan en acciones concretas y que los programas gubernamentales tengan capacidad real para proteger a las víctimas.
“Estos son los retos, escuchar, prevenir, proteger y actuar, que nuestras palabras se conviertan en leyes, que nuestras leyes se acompañen de recursos, que los recursos se conviertan en acciones y que esas acciones se conviertan en seguridad, libertad y esperanza para las mujeres”, concluyó.
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