El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la puerta a presentar denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, en medio de una crisis interna que ha provocado la salida de funcionarios, la suspensión de contrataciones y una revisión de los procedimientos de adquisiciones del organismo.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que los consejeros analizan los mecanismos jurídicos para dar vista a las autoridades competentes y permitir que se determinen posibles responsabilidades administrativas o penales.
Sin embargo, hasta este 3 de noviembre no se ha confirmado una denuncia formal del Consejo General ante la Fiscalía General de la República (FGR). La ruta anunciada contempla inicialmente la colaboración con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
INE prepara acciones legales por gestión de Guadalupe Taddei
La revisión ocurre después de la renuncia de Taddei a la presidencia del organismo electoral, en medio de señalamientos sobre presuntos conflictos de interés, irregularidades en adjudicaciones y relaciones de funcionarios con proveedores del instituto.
Cruz García explicó que el Consejo General trabaja en la delimitación de sus atribuciones para determinar qué hechos deben ponerse en conocimiento de las instancias fiscalizadoras.
“Si termina evaluándose jurídicamente que también tenemos la responsabilidad de dar alguna vista, se tendrá que dar”, advirtió la presidenta provisional.
La funcionaria aclaró que los consejeros no tienen facultades para sustituir a las autoridades investigadoras, pero sí pueden aportar información y expedientes para facilitar el deslinde de responsabilidades.
Auditoría urgente a contratos y compras del INE
La crisis escaló este martes, cuando se conoció que el INE solicitará a la ASF una fiscalización urgente de las compras realizadas desde 2023, año en que comenzó la administración de Taddei.
La revisión se concentrará en los procedimientos de contratación, licitaciones y adjudicaciones directas, mientras el OIC desarrolla auditorías relacionadas con posibles anomalías administrativas y conflictos de interés.
Los señalamientos incluyen presuntas relaciones entre funcionarios del instituto y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con empresas proveedoras del organismo electoral.
La revisión busca determinar si existieron beneficios indebidos o irregularidades en el manejo de recursos públicos. Los señalamientos, por ahora, no constituyen una determinación de responsabilidad penal.
Suman 30 bajas de funcionarios tras salida de Taddei
La reestructuración del INE se profundizó este 3 de noviembre, al alcanzar 30 bajas de funcionarios y empleados, de las cuales 17 corresponden a la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei.
Entre las salidas destacan Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina de Presidencia; Sergio Uzeta Murcio, excoordinador de Comunicación Social, e Iliana Araceli Hernández Gómez, extitular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
El organismo sostuvo que los movimientos derivan de una evaluación realizada por los diez consejeros electorales mediante criterios objetivos y conforme a la legislación vigente.
Sheinbaum advierte que posibles delitos deben llegar a la FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las auditorías al instituto y señaló que cualquier posible delito detectado deberá ser remitido a la Fiscalía General de la República.
Durante su conferencia matutina de este martes, explicó que corresponde a la ASF determinar si existen irregularidades que ameriten responsabilidades penales o administrativas.
“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República”, puntualizó.
La mandataria también planteó ampliar las investigaciones a administraciones anteriores del INE, al cuestionar la concentración de contratos para la producción de materiales electorales en determinadas empresas.
Crisis del INE pone bajo presión las elecciones de 2027
El proceso de revisión administrativa ocurre mientras el instituto prepara los comicios de 2027 y la Cámara de Diputados enfrenta el reto de designar a quien ocupará definitivamente la presidencia del organismo.
La nueva conducción del INE busca restablecer las decisiones colegiadas, revisar nombramientos y garantizar que las investigaciones no interfieran con las actividades electorales.
El alcance de las auditorías será decisivo para establecer si las anomalías detectadas corresponden exclusivamente a responsabilidades administrativas o si existen elementos para abrir investigaciones penales.
Por ahora, la eventual intervención de la FGR dependerá de que las autoridades competentes identifiquen hechos posiblemente constitutivos de delito, mientras el INE intenta contener una de sus crisis administrativas más delicadas antes del proceso electoral federal de 2027.
Deja una respuesta