El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una revisión de sus contratos mediante auditorías externas que podrían derivar en la rescisión de convenios con proveedores y denuncias penales, como parte de las medidas para investigar presuntas irregularidades durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala.
El Consejo General del organismo tiene previsto aprobar este jueves 5 de noviembre un plan de acción para revisar las contrataciones vigentes, fortalecer los controles administrativos y determinar si existen elementos para cancelar acuerdos que hayan incumplido las disposiciones legales.
La decisión se produce tras la renuncia de Taddei a la presidencia del INE y en medio de investigaciones sobre posibles conflictos de interés, concentración de contratos y vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras del instituto. Infobae+2
INE revisará contratos y podría cancelar convenios con proveedores
El proyecto que discutirán las diez consejerías contempla la contratación de auditorías externas para examinar los instrumentos contractuales vigentes y detectar posibles anomalías en los procedimientos de adjudicación, ejecución y cumplimiento.
La eventual rescisión de contratos estará condicionada a que las irregularidades sean acreditadas y se cumplan los procedimientos legales correspondientes.
El acuerdo también contempla solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria sobre las adquisiciones del instituto, además de ordenar el resguardo de expedientes relacionados con contrataciones, arrendamientos, servicios y obra pública.
Las medidas buscan impedir la pérdida de información que pudiera resultar relevante para las investigaciones administrativas y penales. Infobae+1
ASF investiga irregularidades en contratos electorales
La Auditoría Superior de la Federación informó este miércoles que sus trabajos de investigación han permitido identificar irregularidades históricas en contrataciones relacionadas con el INE y organismos públicos locales electorales (OPLE).
Las investigaciones comprenden posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos públicos.
La fiscalización también considera un análisis histórico de adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, para identificar patrones de contratación y concentración de proveedores.
El alcance de estas indagatorias rebasa la administración de Guadalupe Taddei y podría comprender gestiones anteriores del organismo electoral.
INE prepara denuncia ante FGR por presunta corrupción
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que las diez consejerías acordaron promover una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de bienes y servicios.
La denuncia, cuya presentación se anunció para este miércoles, no estará limitada a una relación específica de funcionarios, sino que buscará que la autoridad ministerial determine quiénes pudieron intervenir en los hechos investigados.
Entre las personas cuya actuación podría ser examinada figuran la expresidenta Guadalupe Taddei, la exsecretaria ejecutiva Claudia Espino y otros funcionarios de la estructura administrativa.
Cruz García aclaró que el INE colaborará con las autoridades fiscalizadoras y ministeriales, pero que corresponde a éstas investigar los hechos y establecer responsabilidades.
Revisarán proveedores y habilitarán denuncias ciudadanas
El plan contempla solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y realizar verificaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la situación fiscal de los proveedores.
También se plantea revisar la estructura administrativa, los socios y accionistas de las empresas contratadas, así como habilitar un micrositio institucional para recibir denuncias ciudadanas.
Las revisiones alcanzarán procedimientos de adquisiciones y contrataciones de servicios, mientras el INE busca establecer controles más estrictos para el ejercicio presupuestal de 2027.
Contrato de credenciales, entre los procedimientos bajo revisión
Uno de los contratos que se encuentran bajo escrutinio es el relacionado con la producción de credenciales para votar, cuyo monto supera los mil millones de pesos.
La presidencia provisional ha señalado que, si se determina la necesidad de rescindir algún contrato, deberán realizarse procedimientos paralelos de contratación para evitar la interrupción de servicios indispensables para la ciudadanía.
La revisión contractual se desarrolla en medio de cambios administrativos dentro del organismo, que hasta el 3 de noviembre registraba alrededor de 30 renuncias de funcionarios tras la salida de Taddei.
El Consejo General deberá definir este jueves el alcance de las medidas extraordinarias, mientras avanzan las investigaciones de la ASF y la preparación de las acciones ante la FGR.
Hasta ahora, las investigaciones y los señalamientos públicos no equivalen por sí mismos a la determinación de responsabilidades penales.
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