La crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al terreno penal y político. Mientras el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, contratistas y funcionarios del organismo, el PAN amenazó con tomar las calles, la Cámara de Diputados y las instalaciones electorales si Morena intenta imponer a una persona afín al frente del instituto.
Las acciones de ambos partidos ocurren tras la renuncia de Taddei, el pasado 25 de octubre, en medio de revelaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y posibles conflictos de interés que involucran a empresarios y servidores públicos del órgano electoral.
La confrontación también coloca bajo presión el proceso de selección de la próxima presidenta del INE, cuya independencia será determinante para la confianza ciudadana de cara a las elecciones intermedias de 2027.
PRI lleva a la FGR presunta red de corrupción en el INE
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que su partido presentó una denuncia penal contra Guadalupe Taddei, el empresario José Alfredo Hernández Casillas y los funcionarios Carlos Daniel Luna Rosas y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, además de quienes resulten responsables.
La querella señala posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros ilícitos, relacionados con una presunta estructura de contratación irregular y control de posiciones estratégicas dentro del INE.
Moreno sostuvo que los señalamientos derivan de grabaciones, asignaciones de contratos y movimientos de funcionarios que, desde la perspectiva del PRI, podrían revelar un intento de influir en el funcionamiento del instituto y de los organismos públicos locales electorales.
El dirigente priista acusó que esa estructura habría buscado favorecer intereses políticos rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, aunque tales afirmaciones deberán ser acreditadas mediante las investigaciones correspondientes.
En conferencia de prensa, Moreno presentó un cartel al que denominó “El cártel de Taddei”, con señalamientos contra integrantes del organismo electoral, e insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política por la anterior conducción del instituto.
El PRI anunció además que llevará sus acusaciones ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
PAN amenaza con tomar San Lázaro y la sede del INE
En un frente paralelo, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que su partido recurrirá a movilizaciones y acciones de protesta si la mayoría legislativa de Morena pretende imponer a una persona vinculada con el oficialismo en la presidencia del INE.
Desde las instalaciones del organismo electoral y acompañado por legisladores de Acción Nacional, Romero rechazó que la sustitución de Taddei se convierta en un mecanismo para mantener la influencia de cualquier partido sobre las decisiones del árbitro electoral.
“Tomamos las calles, tomamos San Lázaro y la herradura de la democracia, si quieren imponer a un títere de árbitro electoral”, advirtió el panista.
Romero aseguró que su partido está dispuesto a ocupar la tribuna de la Cámara de Diputados y la llamada herradura de la democracia, donde sesiona el Consejo General del INE, si considera que el procedimiento de designación vulnera la autonomía del instituto.
El dirigente exigió que el Comité Técnico de Evaluación, responsable de revisar a las aspirantes, esté integrado por perfiles independientes, provenientes de instituciones académicas, universidades y colegios profesionales.
También sostuvo que la futura presidenta deberá ser una ciudadana apartidista, transparente y sin compromisos con el gobierno federal o las fuerzas políticas.
“Venimos por un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, sin Verde, sin MC. Hoy estamos aquí por un INE libre”, afirmó.
INE prepara denuncia propia; ASF confirma irregularidades
La ofensiva de los partidos ocurre mientras el propio Instituto Nacional Electoral prepara acciones legales por las presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Guadalupe Taddei.
La presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron dar vista a la FGR para investigar posibles responsabilidades penales de funcionarios y exfuncionarios, desde quienes ocuparon la presidencia y la Secretaría Ejecutiva hasta mandos de distintas áreas administrativas.
Cruz aclaró que la denuncia institucional no estaría dirigida exclusivamente contra una persona, sino que permitiría investigar a cualquier servidor público presuntamente involucrado.
El instituto también anunció medidas administrativas y mecanismos de colaboración con las autoridades fiscalizadoras para revisar contrataciones y procedimientos internos.
Por separado, este miércoles la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que sus trabajos de inteligencia sobre contrataciones del INE y organismos electorales estatales permitieron confirmar la existencia de múltiples irregularidades históricas.
Estos hallazgos incrementan la presión para esclarecer el alcance de las contrataciones cuestionadas y determinar si existen conductas que constituyan delitos.
Relevo en el INE abre nueva disputa rumbo a 2027
El proceso para sustituir a Guadalupe Taddei se perfila como una nueva confrontación entre Morena y los partidos de oposición en la Cámara de Diputados.
Acción Nacional plantea recuperar los contrapesos internos del instituto y modificar las facultades de la presidencia para que determinados nombramientos vuelvan a requerir la aprobación colegiada del Consejo General.
El PAN también pidió revisar contratos y nombramientos relacionados con la anterior administración, a fin de identificar posibles conflictos de interés.
De acuerdo con el calendario difundido este miércoles, el registro de aspirantes a la presidencia del INE está previsto del 9 al 13 de noviembre y será exclusivo para mujeres.
La controversia se desarrolla en vísperas de las elecciones federales y locales de 2027, cuando la autoridad electoral tendrá que organizar comicios en un escenario de creciente tensión política.
Por ahora, las denuncias y acusaciones partidistas no constituyen prueba de responsabilidad penal. Corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para proceder contra las personas señaladas, mientras la Cámara de Diputados deberá resolver la sucesión en la presidencia del organismo.
Deja una respuesta