La Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con informantes que han revelado cómo presuntamente operó durante años una red de corrupción en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la entrega de videos, conversaciones de WhatsApp, fotografías, documentos y registros financieros que podrían comprometer a empresarios y servidores públicos.
Por primera vez, el órgano fiscalizador desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que conocen las operaciones bajo sospecha y que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de proporcionar información sobre las irregularidades.
La ASF confirmó que los testimonios han permitido identificar indicios de una posible manipulación de licitaciones públicas, en las que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses económicos.
Informantes revelan cómo operaban presuntos contratos amañados en el INE
De acuerdo con la Auditoría, los colaboradores han aportado nombres, alias, domicilios, comunicaciones privadas y documentación relacionada con empresas proveedoras de organismos electorales.
Los elementos recabados permiten reconstruir posibles mecanismos mediante los cuales particulares habrían influido en decisiones de contratación pública, con el objetivo de garantizar adjudicaciones favorables.
La investigación se desarrolla mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con este mecanismo, personas que pudieran estar involucradas en irregularidades administrativas pueden solicitar beneficios por colaborar con las autoridades, aunque su participación no garantiza automáticamente una disminución de las sanciones.
La ASF destacó que esta colaboración ha permitido conocer cómo habrían operado las irregularidades durante varios años, además de establecer posibles vínculos entre empresas, beneficiarios finales y funcionarios.
Escándalo de contratos alcanza gestión de Guadalupe Taddei
Las revelaciones ocurren en medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del INE el pasado 25 de octubre.
En las últimas semanas se difundieron videos y fotografías de encuentros entre la exfuncionaria electoral y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf y otras compañías proveedoras del instituto.
Las publicaciones periodísticas señalan presuntos regalos, viajes y acuerdos económicos relacionados con contratos electorales que habrían sido adjudicados con precios inflados.
Sin embargo, las investigaciones de la ASF no han establecido públicamente una responsabilidad definitiva de Taddei ni han precisado cuáles de las pruebas entregadas por los informantes están relacionadas directamente con ella.
ASF revisa contrataciones electorales desde el año 2000
Las pesquisas forman parte de una revisión más amplia de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En investigaciones previas, el órgano fiscalizador identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos vinculadas con dos grupos empresariales y distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De ese total, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a operaciones con organismos electorales locales.
Estas cantidades representan contrataciones identificadas bajo revisión y no recursos cuyo desvío haya sido acreditado.
ASF busca responsables y sigue la ruta del dinero
La Auditoría Superior, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que las investigaciones continuarán para determinar la participación de otros posibles involucrados, identificar el destino de los recursos públicos y establecer las responsabilidades correspondientes.
El material entregado por los informantes será relevante para contrastar testimonios, registros financieros y procedimientos de contratación, con el propósito de determinar si existieron actos de corrupción o beneficios indebidos para empresas proveedoras.
Hasta ahora, la ASF no ha revelado la identidad ni el número de colaboradores, tampoco ha especificado los contratos directamente relacionados con sus declaraciones ni anunciado sanciones definitivas.
El alcance de la investigación dependerá de que las evidencias aportadas permitan acreditar las irregularidades, identificar a sus responsables y determinar si existió un daño al patrimonio público.
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